El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en «Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer»).
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.
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2 comentarios
Hola, yo lo veo de forma distinta a usted: creo que el profesor Torres exagera cuando dice que en el 2008 «…las personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa.». Utilizando una simple regla matemática, el desempleo en el trienio 2008-2011 se ha incrementado en mucho más que esa diferencia de ese 7% que usted observa, por lo que en el año 2008 el porcentaje de empleados públicos era mucho menor de el mencionado 13%. Lógicamente, al incrementar el desempleo de forma tan brutal, el total del porcentaje de empleados públicos sobre empleado del sector privado sube, a pesar de que también están sufriendo el azote del paro: no olvidemos que cerca de un 30% de los empleados públicos son eventuales y están cayendo como moscas en las listas del INEM.
Por otra parte, ¿Qué mas da que los trabajadores del estado sean un 20 o un 30 por ciento del total de la población activa? ¿Acaso son ellos los causantes de la crisis del capitalismo o, por el contrario, son los responsables de mantener una estructura de servicios básicos para el resto de la ciudadanía? No perdamos la perspectiva de lo que nos jugamos al cuestionar lo público.
ESto es sencillo. El problema del pais no es que sobren funcionarios. Si no que los que hay con su puesto de trabajo de por vida, pudieran ser despedidos libremente igual que en la empresa privada. FIN