49 mujeres muertas y un solo hombre

49 mujeres muertas y un solo hombre

Publicado en La Opinión de Málaga. 20-6-2004 

El 3 de noviembre de 1793 era guillotinada Marie Gouze, más conocida como Olimpia de Gouges. Fue acusada de traición y considerada histérica, irracional y delirante por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en la que entre otras cosas se decía “la mujer tiene derecho de subir al patíbulo; igualmente debe tener el derecho de subir a la tribuna». No sé si fue la primera mujer que murió por el hecho de serlo y defender sus derechos como ciudadana, pero sí consta que no fue la última.

 

Según Monserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, 49 mujeres han sido asesinadas en España, en lo que va de año, por sus parejas. En el mismo periodo sólo murió un hombre en esas circunstancias.

 

La cifra muestra bien a las claras que entre hombres y mujeres hay, entre otras muchas, una desigualdad material evidente: mueren muchísimas más mujeres a manos de sus parejas. La singularidad de esta manifestación de violencia, su especificidad y el hecho de que se sufre especialmente sólo por la circunstancia de ser mujer, es algo generalizadamente reconocido, y eso es lo que ha llevado al gobierno a presentar un proyecto de ley específicamente destinado a combatirla.

 

Cuando ha sido sometido al preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, los vocales más conservadores lo han calificado como chapucero, sexista y frívolo y han levantado una notable polémica al considerar que, al tratar de proteger preferentemente a las mujeres agredidas, se atenta contra el principio constitucional de igualdad porque no se protege igualmente a los hombres que eventualmente pudieran sufrir maltrato por parte de las mujeres.

 

Es muy curioso que quienes suelen identificarse con los valores de la sociedad patriarcal tradicional sean tan sumamente sensibles ante el principio de igualdad cuando se limitan los privilegios de los hombres para evitar la discriminación que sufren las mujeres, y que, sin embargo, no parezca que les afecte tanto que sean las mujeres quienes tienen que vivir constantemente en un estado social de inferioridad.

 

Se callan cuando las mujeres están discriminadas en el acceso al trabajo, en el ejercicio de las funciones sociales o en su representación social y política, pero cuando se toman medidas para evitar esta discriminación saltan indignados porque dicen que no se actúa igualitariamente. Es la doble moral que ha sostenido durante siglos la dominación machista en las relaciones sociales y que hay que combatir radicalmente para poder «dominar el dominio» como propone Edgar Morin.

 

El problema que aducen los conservadores es falso, es una mera objeción ideológica. Nuestro propio Tribunal Constitucional ha expresado en alguna sentencia que cuando las situaciones no son idénticas, la desigualdad en el tratamiento legal resulta lícita y admisible. No puede ser de otra forma si se quiere entender y aplicar el principio de igualdad incluso en su sentido aristotélico más elemental: la igualdad justa consiste en tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales.

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en las Naciones Unidas en 1979, también establece que las medidas adoptadas por un Estado para acelerar la igualdad de facto entre los hombres y las mujeres no se consideran actuaciones discriminatorias.

 

¿Y es que hay acaso mayor o más evidente manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres que esas cifras de muertes en manos de sus respectivas parejas?

 

Me parece realmente inaudito considerar que una ley que precisamente trata de igualar las condiciones en que viven hombres y mujeres quiebra el principio de igualdad. Es verdad que hay casos, realmente hablando excepcionales, de hombres que sufren violencia y maltrato por parte de sus parejas, y para protegerlos está todo nuestro sistema de leyes. Pero el caso es que las mujeres sufren singularmente un tipo específico de violencia, que se puede calificar «de violencia contra las mujeres» precisamente porque son ellas, y no los hombres, quienes lo padecen especialmente y no con carácter excepcional. Son esas mujeres, por lo tanto, las que necesitan una protección jurídica y material singular y lo que busca una ley de esta naturaleza es promover la igualdad en un aspecto tan esencial como es el derecho a la vida y a la felicidad.

 

La diferencia de 49 a 1 no es casual. Es la prueba de que existe un tipo de violencia que una parte de la población sufre exclusivamente por el hecho de ser mujer. Lo que genera desigualdad no es la violencia que excepcionalmente está sufriendo algún hombre sino la que sistemática y estructuralmente padecen las mujeres como consecuencia de que durante siglos han predominado valores sociales que las consideran seres inferiores y sujeros a la libre voluntad y poder de los hombres. Y eso es lo que hace que las actuaciones positivas que contiene la ley, precisamente porque sólo se centran en este último tipo de violencia, sean igualitarias y no al revés, como afirman algunas opiniones conservadoras.

 

De hecho, no creo que esta ley ni siquiera sea una ley de discriminación positiva. No discrimina a nadie, puesto que los hombres o los niños siguen teniendo una completa defensa jurídica de sus derechos. No limita los derechos o las posibilidades de realización de los hombres para aumentar los de las mujeres, como puede ocurrir cuando se establecen cuotas, por ejemplo.

 

¿Por qué, entonces, tanto alboroto?

 

Yo creo que lo que altera muchas conciencias es que abordar de modo integral la violencia contra las mujeres implica adoptar medidas que ponen en cuestión los valores sociales mayoritarios hoy en día. Son los valores que Riane Eisler vincula al patriarcado en su magnífico libro «El cáliz y la espada». Se nos ha enseñado a idealizar lo masculino como el poder de la espada, que es el de la violencia y la prepotencia, el poder de destruir que permite instaurar un sistema de dominador-dominado en el que la mitad de la población no tiene nada que decir, aunque su marido la esté matando a golpes. Luchar contra la violencia que sufren las mujeres es, en realidad, subvertir esos valores porque equivale a decir que los hombres no tenemos el poder omnímodo sobre las mujeres en que se ha venido basando nuestra civilización patriarcal. Y, sobre todo, que ni las mujeres ni nadie tiene por qué ser sumiso ante quien tiene la fuerza. Por eso, erradicar este tipo de violencia no es cuestión de retórica jurídica sino algo que requiere generalizar una nueva manera de pensar y un modo diferente de vivir. Me parece que eso es lo que no les gusta.

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