Ayer leía que el Estado español registró en los cuatro primeros meses del año un superávit en contabilidad nacional de 17.896 millones de euros. Y justo el mismo día, recibí el libro de Vicenç Navarro «El subdesarrollo social de España». Causa y consecuencia o las dos caras de la misma moneda.
Aunque comentaré con detalle el libro en los próximos días, no quiero dejar pasar la coincidencia. La búsqueda de superávit presupuestarios, la exigencia de «déficit cero», es una de las manifestaciones más nefastas e injustificadas de las políticas neoliberales, máxime, en países como el nuestro que tienen todavía sin resolver tantos deficit en bienestar social.
Ahora que vivimos en una fase relativamente favorable del ciclo económico, podíamos haber aprovechado para financiar los derechos, infraestructuras y servicios sociales y colectivos de todo tipo en cuya provisión estamos tan lejos de Europa. En lugar de eso, nos sentimos orgullosos porque nos sobran recursos.
Repito una vez más lo que he escrito varias veces en estás páginas. Lo que se busca con los superávit no es más que un doble objetivo. Por un lado, y puesto que el superávit va acompañado de menos gastos e ingresos , limitar al máximo los recursos públicos porque se quiere que el mayor protagonismo en la asignación de los recursos lo tenga la iniciativa privada en el mercado. Por otro lado, y en consecuencia, disminuir al máximo la contribución fiscal de los más ricos y poderosos.
Lo que hay que saber al respecto es que no hay teoría económica determinante que justifique la bondad de esta estrategia de jibarización presupuestaria, que es una opción preferencial, ideológica, que se vende como una verdad indiscutida cuando no tiene detrás el más mínimo soporte científico. Es mentira que los superávit sean necesarios y buenos en cualquier circunstancia y, mucho menos, en el caso de la España actual. La evidencia empírica más bien va en sentido contrario.
A finales de 2005, la deuda de las familias superaba el 110% de su renta y a lo largo de 2006 llegará a representar, con toda probabilidad, el 80% del PIB español.
¡Eso sí que son niveles verdaderamente insostenibles, porque están soportados en miles de economías individuales mucho más frágiles que la del Estado!
Sostener que ese endeudamiento privado tan elevado es económicamente bueno y aceptable mientras se condena el del Estado forma parte de la superchería y del cinismo con los que se formulan las propuestas económicas de nuestro tiempo (el «fraude» del que hablaba Galbraith). No tiene fundamento y su lógica conduce solamente a favorecer los intereses de los ricos.
Hagan la prueba y pregúntenle a cualquier economista (y mucho mejor si es de los que defienden los superávit) por qué, desde el mismo punto de vista del equilibrio económico y en las mismas condiciones, se condena el endeudamiento público (dedicado, por ejemplo, a cubrir necesidades sociales, a proporcionar más bienestar a las familias o mejores condiciones a las empresas) y por qué, sin embargo, se justifica el endeudamiento privado (en España, por ejemplo, vinculado en sus tres cuartas partes al boom inmobiliario y en el resto al consumo de bienes privados).
Háganme caso y pregunten a los economistas. Podrán comprobar el simplismo, la contradicción o el silencio con que responden a esta pregunta. Seguro que podrán descubrir que, finalmente, sólo basan el argumento en su preferencia sobre el sujeto o intereses que consideran que hay que privilegiar: el Estado y las necesidades colectivas que puede expresar, o el mercado y las demandas privadas que pueden satisfacerse en su seno (que no son otras que únicamente las que tienen detrás recursos monetarios). Lo dicho: hagan la prueba y me cuentan.
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