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Análisis de Programas económicos 29N (1): PP y Vox: dos programas y una misma aritmética imposible

Publicado en ctxt.es el 17 de noviembre de 2026

Antes de entrar en el análisis de las propuestas económicas del PP y Vox en la presente campaña electoral es interesante comprobar lo que ha cambiado respecto a sus programas de 2023. A mi juicio, tres cuestiones principales:

– Los dos partidos se han acercado, pero no hacia el centro ni hacia un mayor rigor. El PP ha incorporado buena parte del lenguaje de Vox sobre inmigración, ocupación y “gasto ideológico”, y Vox, por su parte, ha renunciado a las cifras, presentando ahora sus propuestas con mucha más indefinición.

– Lo que hoy los separa no es tanto la política económica en sentido estricto como una frontera muy delicada que casi nunca se reconoce como tal, la que determina quién tiene derecho a qué.

– Ambos mantienen un rasgo común: ninguno de los dos nuevos programas incluye una memoria económica, ni cuantifica el coste de lo que promete, ni explica cómo se financiará.

El PP: del “alivio fiscal” al Estado de los incentivos

El programa electoral del PP de 2023 ofrecía pocas medidas fiscales y bastante genéricas: deflactar el IRPF, rebajar temporalmente el IVA de algunos productos, suprimir el impuesto temporal sobre las grandes fortunas y una “reforma integral” que no se concretaba. Su programa de 2026 es otra cosa, pues propone decenas de medidas con números. Quien cobre el salario mínimo no pagará IRPF y el umbral subirá por ley con el SMI; los jóvenes de 18 a 35 años verán reducido su IRPF un 100%, 75%, 50% y 25% en sus cuatro primeros años de tributación; el IVA de los alimentos básicos será del 0% “mientras persista” la crisis de precios; el de la primera vivienda bajará del 10% al 4% para menores de 40 años los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tendrán que declarar IVA y no pagarán cuota el primer año (ni el segundo si no llegan al SMI); y desaparecerá el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica.

Pero lo significativo no es sólo mencionar números, sino el instrumento que se propone utilizar. El PP de 2026 recurre de forma predominante al gasto fiscal: deducciones, bonificaciones, exenciones, avales públicos y cuentas de ahorro desgravables, como la “Hucha Hogar Joven”, que deduce el 20% de aportaciones de hasta 2.000 euros anuales. Es un modelo políticamente rentable, porque cada medida tiene un destinatario visible, pero con dos defectos bien conocidos: su coste es opaco, porque no figura como gasto en los presupuestos sino como recaudación que no se produce, y tiende a beneficiar a quien tiene más base imponible. La libertad de amortización, por ejemplo, sólo la aprovechan empresas con beneficios suficientes.

Está claro, pues, que el PP no se propone retirar al Estado de la economía, como suelen decir sus líderes, presumiendo de liberalismo. Lo que se proponen es cambiar la forma de intervenir: menos provisión directa y más financiación, garantías, incentivos y compra pública. Se ve con claridad en sus propuestas de política industrial: compra pública para que las empresas tecnológicas tengan en el Estado un primer cliente y zonas de innovación estratégica con suelo, conexiones y siete años de trato fiscal favorable para proyectos de inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología o baterías. Es una política industrial selectiva en la que el Estado actúa como financiador, incentivador y cliente. Aunque, eso sí, el programa electoral deja como cuestiones abiertas con qué criterios elegirá a los beneficiarios, qué condiciones sociales y laborales les exigirá y qué retorno público obtendrá.

El PP propone también como novedad refundir en una sola las deducciones familiares que hoy existen en el IRPF, como la de maternidad (hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años) o las de familia numerosa y por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo. Sería una nueva deducción reembolsable que se cobraría cada mes, de modo que llegaría también a quienes no pagan IRPF por tener ingresos bajos. En la práctica, un crédito fiscal por hijo, de efecto progresivo, que la izquierda europea viene defendiendo desde hace años.

Los demás cambios van en la misma dirección de mayor concreción, aunque sin referencia a su efecto presupuestario y económico. En pensiones, el PP pasa de garantizar la revalorización “en el marco del Pacto de Toledo” a prometer que subirán cada año con el IPC; se compromete, por tanto, a mantener la regla que ya está en vigor, pese a sus anteriores posiciones parlamentarias sobre la reforma que la estableció. En el terreno laboral, desaparecen las cuentas individuales portables que proponía en 2023, financiadas con parte de las cotizaciones que ya pagan las empresas (la llamada “mochila austriaca”), sustituidas por un cheque de formación en inteligencia artificial pagado con las cuotas de formación, y se propone rebajar las cotizaciones por desempleo a las empresas con plantillas estables. En vivienda, de una apuesta genérica por la oferta pasa a un objetivo de un millón de viviendas más, la derogación de la Ley de Vivienda y de sus zonas tensionadas, avales públicos para la compra y el desalojo de ocupantes en 48 horas. En energía, suprimirá en cien días el calendario de cierre nuclear, aunque sigue calificando la descarbonización de objetivo “irrenunciable”; y en el campo y la sanidad promete, al menos, 4.500 médicos más en Atención Primaria e inversión pública, sin estimar tampoco su coste.

Hay, además, una novedad que merece atención. El PP propone dar prioridad en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos a quienes mantengan “un arraigo real, duradero y verificable con España”, teniendo en cuenta el empadronamiento, la trayectoria de cotización y la permanencia. Advierte que esos criterios respetarán los límites constitucionales y europeos y que no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad. No es, por tanto, la prioridad nacional de Vox, pero sí una versión atenuada de la misma idea: jerarquizar el acceso a los recursos públicos en función del vínculo con el país.

Y hay un silencio elocuente. La supresión del impuesto sobre las grandes fortunas, explícita en 2023, ya no aparece con ese nombre. En su lugar, una fórmula genérica: “eliminaremos los impuestos que frenan la inversión”. El propósito parece el mismo; la exposición, menor.

Vox: menos cifras, más frontera

En 2023, el programa fiscal de Vox era el más concreto de todos: un IRPF con dos tipos, del 15% y del 25%, rebajados cuatro puntos por hijo; IVA al 8% y al 18%; Sociedades al 15%; supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, y pensiones exentas de IRPF…

En 2026, todo eso ha desaparecido. Queda una “rebaja masiva de impuestos” sin tipos, una reducción del IRPF según el número de hijos, una rebaja del IVA “atendiendo prioritariamente a productos esenciales” y una bajada de Sociedades sin cifra. Las únicas cantidades que sobreviven son la cuota de autónomos (cero por debajo del SMI y progresiva desde 50 euros por encima), el IVA del 0% para la primera vivienda nueva y la bonificación del 100% del ITP para la usada. No parece moderación ideológica, sino táctica: un partido que aspira a entrar en un gobierno no puede llevar en su programa un tipo único cuyo coste cualquier servicio de estudios calcula en una tarde y lo desmonta. Las cifras son munición letal en su contra y su ausencia le da margen de maniobra preelectoral.

Lo que crece en el programa electoral de Vox es otra cosa. La prioridad nacional, que en 2023 ocupaba una sola línea del programa, se convierte en 2026 en un capítulo que lo estructura todo: acceso preferente de los españoles a la vivienda pública, las guarderías, los comedores, el transporte, las ayudas y los servicios sociales; un Ingreso Mínimo Vital sólo para españoles; un gravamen sobre las remesas; exclusión de la sanidad a los extranjeros en situación irregular salvo urgencia grave; un plan de “remigración”, y la prohibición de alquilar viviendas a inmigrantes sin residencia legal.

Y crece también el “soberanismo económico”: un plan nacional de reindustrialización contra las deslocalizaciones, el fin de las restricciones a la minería, menor dependencia de materias primas y tecnologías críticas, la reversión de la prohibición de los motores de combustión y de los impuestos sobre el CO₂, la suspensión de acuerdos internacionales “que impiden nuestro desarrollo productivo”, el rechazo del acuerdo con Mercosur y la vuelta a la preferencia comunitaria.

Y, sorprendentemente, crece también el gasto. Vox promete más inversión pública en vivienda protegida, defensa, policía, sanidad, infraestructuras y un Plan Nacional del Agua; más presupuesto para dependencia; educación de 0 a 3 años gratuita y cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el Estado a quienes se dediquen al cuidado de sus hijos. Para el campo propone un fondo de compensación frente a las imposiciones de Bruselas, cláusulas espejo y controles en frontera. Y en vivienda introduce elementos de intervención que no estaban en 2023: fiscalidad “agravada y disuasoria” para compradores no comunitarios y operaciones especulativas de fondos, y regulación de las viviendas turísticas. Nada de esto puede calificarse de liberalismo económico sin matices. Aunque será otra cosa, como ocurre con todo programa electoral, lo que finalmente se lleve a cabo.

El resultado dibuja con bastante nitidez lo que se está denominando como chovinismo del bienestar: no menos Estado social, sino un Estado social reservado preferentemente a los nacionales; liberal hacia arriba, en impuestos y regulación; protector hacia dentro; y excluyente hacia fuera y hacia abajo. Porque la llamada prioridad nacional no es sólo lo que se dice, una forma de protección a los españoles, sino una estrategia de reorganización del mercado de trabajo: al restringir derechos y protección a los trabajadores inmigrantes, se establece una jerarquía en el conjunto de la clase trabajadora que debilita su capacidad de negociación y convierte la nacionalidad en un factor de desigualdad laboral y social que termina empobreciendo a todos los compatriotas que se dice defender.

No cambia, sin embargo, su posición laboral, porque ya en 2023 pedía derogar la reforma laboral de Yolanda Díaz y lo repite ahora. Tampoco hay en ninguno de sus dos programas una propuesta precisa de capitalización de las pensiones, en contra de lo declarado públicamente por sus dirigentes (salvo por Abascal, que reconoció que no sabe de eso porque “no soy economista”): en 2023 confiaba su sostenibilidad a desmontar el Estado autonómico y a la natalidad; en 2026, al crecimiento económico y a la natalidad. Eso sí, la exención de las pensiones en el IRPF ha desaparecido.

No estamos, pues, ante un programa de simple reducción del Estado, sino ante un proyecto de Estado nacional-proteccionista y socialmente selectivo. La pregunta económica decisiva a la que no se responde en el programa es quién financia ese Estado, quién tiene derecho a utilizarlo y qué sectores reciben su protección.

Lo que comparten

Por debajo de las diferencias, en los programas económicos del PP y Vox hay una concepción común de la economía: la empresa privada como principal motor del crecimiento, los impuestos como un freno, la regulación como un obstáculo y la deuda como la principal amenaza. Ambos derogarían la Ley de Vivienda, eliminarían el calendario de cierre nuclear y prometen auditorías del gasto “superfluo” (por supuesto, olvidando las “auditorías de infarto” que el PP realizó en la Junta de Andalucía, para destapar el despilfarro y la corrupción de docenas de “chiringuitos” y cuyos resultados tuvo que presentar a escondidas a mitad de un mes de agosto porque no encontraron nada de eso, como analicé con detalle aquí y aquí).

Sin embargo, nada de todo ello les lleva a renunciar a un uso constante de la maquinaria estatal para reajustar los mecanismos distributivos y redistributivos, una intervención que, en la práctica, puede terminar incrementando el gasto en favor de los sectores más poderosos y aumentar aún más la deuda, que es lo que le conviene al sector financiero.

Y ambos comparten también un mismo vacío. Ninguno dice nada sustantivo sobre los salarios más allá de la retórica, sobre el reparto entre rentas del trabajo y del capital, sobre quién se apropia de los aumentos de productividad o sobre el poder de mercado de las grandes empresas y su capacidad para fijar precios. El PP propone incluso someter cada norma económica a un “test de productividad”, como si la productividad dependiera sobre todo de retirar obstáculos y no de la inversión, la demanda, la organización del trabajo o la calidad del empleo. Una manera de convertir la productividad en una cortina de humo que justifica de antemano cualquier desregulación.

Lo que los separa

La primera diferencia está en los instrumentos y en los destinatarios de la intervención pública. El PP utiliza el Estado para movilizar inversión privada mediante incentivos fiscales. Vox prefiere rebajas generales y una desregulación más amplia (“derogar tres normas por cada una que se apruebe”, un principio tan mecánico que se descalifica por sí solo), combinadas con protección nacional de los sectores productivos y un acceso excluyente a prestaciones y servicios.

La segunda es Europa. El PP se mueve formalmente dentro del marco europeo: reducirá la deuda “conforme a las reglas europeas”, defenderá la PAC en el nuevo marco financiero y acepta el mercado de emisiones. Vox quiere suspender la aplicación de acuerdos internacionales, acabar con “todas las imposiciones climáticas como el Pacto Verde”, rechaza el acuerdo con Mercosur y defiende recuperar la preferencia comunitaria.

De ahí la tercera diferencia, la energética. Los dos apuestan por la nuclear, pero el PP la combina con renovables, almacenamiento y refuerzo de redes, mientras que Vox se opone además a las grandes plantas solares y eólicas, lo que resulta difícil de conciliar con su promesa de electricidad abundante y barata.

La cuarta es la más reveladora: el trabajo y la inmigración. El PP mantiene el diálogo social y propone cupos anuales de inmigración laboral ajustados al paro y a las vacantes, hasta el punto de prever la contratación en origen para la construcción. Vox proclama “ni uno más” tras “cinco millones de personas en 5 años” y suprime el arraigo. Pero su programa también quiere “volver a ver grúas en los cielos” sin explicar quién va a utilizarlas en un sector que hoy no encuentra trabajadores, ni quién va a cubrir los empleos de la agricultura, los cuidados o la hostelería.

Y en la concepción de la ciudadanía social, la distancia es ciertamente real entre ambos partidos, aunque el PP haya empezado a recorrer el mismo camino con sus criterios de arraigo.

Una aritmética que no cuadra

Donde los dos programas coinciden por igual es a la hora de no señalar cómo se financia lo que proponen ni qué efectos concretos tendrán sus medidas si se llevaran a cabo. Ambos prometen menos impuestos, más gasto en defensa, seguridad, vivienda, familias e infraestructuras, y menos deuda. Tres cosas a la vez que sólo serían posibles con un crecimiento bastante mayor que el ya de por sí elevado actual que generase ingresos adicionales suficientes, si las rebajas fiscales se autofinanciasen (algo que la evidencia empírica no avala con los tipos impositivos españoles) o si se recortase gasto en otras partidas.

El PP confía en la auditoría, la eficiencia, la lucha contra el fraude y el crecimiento. Al menos, asume formalmente que ningún gasto nuevo se aprobará sin financiación, pero no dice qué programas reducirá ni cuánto espera recaudar del fraude, ni cuantifica el coste de sus numerosas deducciones, bonificaciones y avales. Y el gasto fiscal que propone también compromete recursos públicos: cada euro que se deja de ingresar para favorecer una inversión o una compra es un euro que ya no puede destinarse a otros fines.

Vox es más explícito y más inverosímil: “Para compensar la bajada masiva de impuestos, se recortarán todos los gastos superfluos”, y señala como tales las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y “organismos ideológicos”. Una propuesta puramente demagógica, pues son el chocolate del loro, una fracción ínfima de lo que dejaría de ingresarse con la rebaja general del IRPF, del IVA y de Sociedades que propone.

Tampoco cuadran las cuentas de su prioridad nacional. Excluir a una parte de la población de determinadas prestaciones produce ahorros muy limitados frente al coste de las rebajas tributarias generales que propone. Y su gravamen sobre las remesas podría plantear serias dudas de compatibilidad con la libre circulación de capitales del Derecho europeo, especialmente si se articula de forma discriminatoria.

Si las cuentas no cuadran por el lado del gasto superfluo, sólo quedan dos salidas: más deuda, que ambos dicen querer reducir, o recortes en las grandes partidas (pensiones, sanidad y educación), que ninguno menciona. Justamente, lo que la experiencia muestra que suele ocurrir cuando se aplican programas de este tipo.

¿Quién gana?

Sin microsimulaciones no es posible cuantificar los efectos distributivos, pero la estructura de las propuestas es suficientemente elocuente. En el caso del PP, el grueso de los beneficios se concentra en quienes tienen base imponible, capital que amortizar o capacidad de ahorro para acogerse a avales, huchas y deducciones por vivienda. Las excepciones, ya señaladas, son la exención para quien cobra el SMI y el crédito fiscal por hijo, que sí puede llegar a hogares con rentas bajas.

Por otro lado, subvencionar la demanda de vivienda en un mercado con oferta rígida, mientras se elimina toda regulación del alquiler, tiende a trasladarse a los precios: el aval del 20% o el IVA reducido pueden acabar en buena parte en el bolsillo del vendedor.

En el caso de Vox, las rebajas generales del IRPF y de Sociedades benefician más, en términos absolutos, a quienes más ganan, y la desregulación laboral debilita la posición negociadora de los trabajadores. Como he apuntado, la prioridad nacional, al dejar sin protección a los inmigrantes, los empuja a aceptar cualquier condición y crea un mercado de trabajo segmentado que acaba presionando a la baja los salarios de los españoles que compiten con ellos en los empleos peor pagados. Proteger a los nacionales debilitando a los extranjeros suele acabar debilitando a las clases trabajadoras en su conjunto.

Conclusión

Entre 2023 y 2026, el PP ha pasado de un programa genérico a otro minucioso, construido a base de incentivos fiscales, que endurece su discurso sobre la inmigración y la ocupación sin abandonar el marco europeo ni el diálogo social. Vox ha hecho el camino inverso en lo fiscal, sustituyendo las cifras por consignas, mientras convierte la prioridad nacional en el eje de un Estado de bienestar excluyente. Se parecen más que en 2023, pero lo que los distingue ya no es cuánto Estado quieren, sino para quién.

Lo que ninguno ofrece es lo que la ciudadanía necesita para votar con conocimiento de causa: cuánto cuesta lo que promete, quién lo pagará y quién se beneficiará.

Coda: lo que tus ojos no van a leer

Queda, por último, algo que no salta a la vista porque no está escrito: lo que los programas no dicen.

El PP presenta su proyecto como una “reconstrucción nacional”, una expresión que suele reservarse para países que salen de una guerra o de una catástrofe. Habla del “empobrecimiento de los españoles” y del “declive de la clase media”. Pero en sus páginas no hay ni una sola cifra sobre la evolución reciente del PIB, del empleo o del déficit, y no parece casual. La economía española lleva varios años creciendo muy por encima de la media europea (la OCDE calcula un crecimiento acumulado del 10% desde finales de 2019), The Economist la consideró la economía rica con mejor desempeño de 2024 y el Financial Times la ha calificado como la más destacada de Europa. El PP no discute esos datos: los esquiva y, cuando alude a ellos, es para afirmar que “los datos oficiales se han puesto al servicio de la propaganda partidista”. Promete, eso sí, “conservar lo que funciona”, sin decir qué es.

Hay un fondo de verdad en su diagnóstico: los frutos del crecimiento no han llegado por igual a todos los hogares y la vivienda se ha vuelto inaccesible para muchos jóvenes. Pero lo que se deduce de ahí es la necesidad de distribuir mejor, justo lo contrario de a donde se llega con sus rebajas fiscales.

Vox carga todavía más las tintas (“infierno fiscal”, “desempleo, precariedad laboral y bajos salarios”), pero calla que buena parte de los análisis internacionales atribuyen ese crecimiento, en gran medida, a la llegada de trabajadores inmigrantes, justo lo que su programa quiere frenar con un “ni uno más”. Y calla también sobre la motosierra. A principios de 2025, en un vídeo grabado junto a José María Figaredo, Jorge Buxadé aseguraba que la motosierra de Milei “se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una puñetera mayoría absoluta”. En junio de este año, Vox presentó un programa de desregulación que la prensa bautizó como su “motosierra” y que proponía, entre otras cosas, eliminar de las empresas los planes de igualdad o el registro horario. Y el 21 de octubre, ya en precampaña, Abascal afirmó que los recortes del presidente argentino “probablemente se quedan cortos” en algunos ámbitos.

Sin embargo, en el programa del 29N no aparecen ni el registro horario ni los planes de igualdad, ni hay rastro de un ajuste del gasto como el argentino. Al contrario: promete gastar más en casi todo, salvo en subvenciones a partidos, sindicatos y ONG. O en los mítines exageran, o el programa disimula.

El PP disimula de otra forma: con el impuesto sobre las grandes fortunas que ya no se atreve a nombrar y con un catálogo de rebajas cuyo coste nunca se suma.

Es lógico que un programa electoral sea más prudente que un mitin. Pero cuando la distancia entre lo que se proclama y lo que se escribe es tan grande, ya no estamos ante un problema de estilo, sino ante la ocultación de lo que se piensa hacer.

Y hay otro silencio, quizá el más llamativo. El PP gobierna hoy la mayoría de las comunidades autónomas y, tras el último ciclo electoral, el 44% de la población española vive bajo gobiernos sostenidos por un pacto entre ambos partidos. Vox ha vuelto a los ejecutivos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y ya aplica en ellos su prioridad nacional. Sin embargo, ninguno de los dos programas electorales dice una palabra sobre lo que han hecho allí ni sobre sus resultados. Si las rebajas de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones aplicadas en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana hubieran traído la inversión y el crecimiento que prometen, o si su gestión de la sanidad, la vivienda o la dependencia fuera un modelo, sería lo primero que exhibirían. Valencia solo aparece en el programa del PP para reclamar un trato financiero específico en caso de catástrofe, sin una palabra sobre cómo gestionó la suya el gobierno popular. Es muy sintomático que no sólo disimulen lo que piensan hacer, sino que también oculten lo que ya han hecho.

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