Es razonable que una empresa que esté pasando por dificultades pueda tener a su alcance vías para evitar que los costes laborales le hagan empeorar su situación. Pero si eso no se regula bien puede convertirse en una vía fraudulenta de maximizar las ganancias simplemente ahorrando en salarios, sobre todo en las grandes empresas que tienen la posibilidad de deslocalizarse.
El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, parece que dispuesto últimamente nada más que a agradar a la patronal y a los mercados,
acaba de presentar una enmienda transaccional al proyecto de ley de Reforma Laboral en la que acepta que una empresa se acoja al despido objetivo si demuestra «existencia de pérdidas, disminución relevante de beneficios y falta persistente de liquidez».
¿Basta eso para facilitar y abaratar el despido? ¿Sería eso un despido «objetivo»?
Como prueba de la problemática que hay oculta detrás de eso valga un ejemplo significativo: En 2002, Telefónica presentó ante la SEC –Securities & Exchange Commision, que es el organismo regulador delos mercados bursátiles de Estados Unidos equivalente a nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), unas cuentas que arrojaban pérdidas de 7.182 millones de euros cuando, pocos meses antes, el balance de ese mismo ejercicio presentado a la CNMV mostraba unos beneficios de 2.107 millones» (El País, «Las normas contables de EE UU obligan a Telefónica a admitir pérdidas ante la SEC»).
Si mediante artificios contables se puede hacer que los beneficios o pérdidas de una empresa pueden variar en esa magnitud, ¿cómo admitir que lo que señala la propuesta que hace el grupo socialista para satisfacer a la derecha y a la patronal pueda bastar para que haya despido «objetivo»?