Publicado en La Opinión de Málaga. 13-06-2004
La firma del acuerdo de liquidación de la deuda pendiente del periodo 1997-2001 de financiación autonómica es la gran noticia de la semana. Una vez que se ponga en marcha la liquidación efectiva y la aplicación de los recursos que le correspondan, nuestra provincia notará sin duda la importancia que tiene una cantidad como la adeudada.
Se trata, pues, de una buena noticia pero creo yo que eso no quita que tengamos que hacer tres tipos de consideraciones adicionales.
La primera es que el acuerdo constituye un final positivo pero de un proceso realmente escandaloso que difícilmente hubiera podido ocurrir en un país con más tradición democrática que el nuestro. Es realmente increíble que un gobierno haya podido tratar con tanta saña y mala fe a un territorio del Estado. Las cuentas que en su día hizo el gobierno del Partido Popular fueron mucho peor que las del Gran Capitán y han significado un duro golpe y mucho daño para nuestro pueblo. Al menos, hay que esperar que el coste político tan grande que ha tenido que soportar el Partido Popular en Andalucía sirva para que este tipo de cosas no vuelvan a repetirse.
En segundo lugar, todo este proceso muestra que debería establecerse algún tipo de cautela jurídica del más alto rango para que las relaciones entre el Estado y las autonomías no puedan quedar al pairo del perfil político de las respectivas administraciones. Si la colaboración entre todas ellas no es posible de motu propio, como estamos viendo que ocurre con demasiada frecuencia, debe imponerse un sistema de resolución de conflictos que impida que se den estas situaciones tan gravosas para todos.
Por último no podemos olvidar que la cantidad liquidada es muy inferior a la deuda real que supuso la aplicación sectaria del acuerdo de financiación. Es verdad que el responsable de ello no es el actual gobierno andaluz, sino quien en su día actuó provocando conscientemente la situación al tratar con arbitrariedad y perjuicio evidente a Andalucía. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Manuel Chaves pueda dormirse en los laureles. Además de lo cobrado, no se puede renunciar a reclamar al Estado la llamada «deuda histórica» y ya no habrá excusas para aceptar soluciones que no sean ya completamente reparadoras.