Publicado en Temas para el Debate, nº 134, enero 2006
El Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha hecho declaraciones recientemente que lo muestran no como una autoridad independiente sino como un agente político involucrado en el rifirafe contra el gobierno que orquesta el Partido Popular.
Por un lado, el gobernador ha sido incomprensiblemente imprudente dejando caer que se llevaban a cabo actuaciones de supervisión que, como ha señalado con toda la razón el Vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes, siempre deben realizarse con prudencia y sigilo. Sabía el gobernador el daño político que podían hacer sus palabras y no dudó en dejarlas caer aunque con ello pudiera afectarse a la tarea supervisora que se le encomienda al Banco.
Tampoco ha vacilado Caruana a la hora de hacer comentarios de clara naturaleza e influencia políticas al decir que el Estatuto de Cataluña debilita a la economía. Una opinión legítima en un ciudadano corriente pero casa muy mal con la posición independiente de la que hacen gala los gobernadores, con la objetividad que debe exigírsele a una autoridad pública como él y que, para colmo, carece del más mínimo fundamento tal y como la expresa el gobernador, pues «la economía» no es tal, no existe «la» economía, sino que ésta es un conjunto de relaciones, de actividades interconectadas, de intereses plurales que se afectan siempre de modo desigual por los distintos hechos sociales, políticos, culturales,… que puedan acontecer. Desde unos puntos de vista, para unos intereses económicos, para determinados procesos o mecanismos económicos cualquier Estatuto será nefasto y no tanto o nada para otros.
Pero lo que sin duda constituye la posición desleal y condenable del gobernador es la crítica que ha hecho a los presupuestos del año 2006, debilitando de esa forma la acción del gobierno que, en este caso concreto, precisa de una especial credibilidad y confianza.
Caruana ha advertido de que los gastos sociales previstos por el gobierno en los próximos Presupuestos pueden «desbordar» el gasto público.
Es verdaderamente sorprendente que el gobernador diga eso justo el año que los Presupuestos del Estado van a lograr un superávit que puede ser todo un record en la política presupuestaria de los últimos años. Si Caruana de verdad desease que el gobierno logre superávit porque de esa forma entienda que se mejora la situación económica, lo lógico hubiera sido saludar a bombo y platillo el éxito del gobierno de Rodríguez Zapatero, puesto que estaría a punto de conseguir un registro excelente en este campo. El comportamiento honesto del gobernador hubiera sido aplaudir el hecho de que, incluso incrementando esos gastos sociales que por definición van a aumentar el bienestar de sectores especialmente necesitados, se va a conseguir superávit.
En lugar de eso, es el año en que el gobierno se plantea conseguir el mejor saldo presupuestario cuando el gobernador critica los presupuestos: ¿hay alguna manera de interpretar eso sin evidenciar que el gobernador del Banco de España critica sin fundamento racional ni económico al gobierno y que solo lo hace llevado por móviles partidistas?
Lo más grave, por demás, es que la crítica que ha hecho Caruana no se atiene a al comportamiento que la ley impone al Banco de España y a sus directivos.
El artículo Artículo 7. 2. de la Ley de Autonomía del Banco de España dice que «sin perjuicio del objetivo principal de mantener la estabilidad de precios y del cumplimiento de las funciones que ejerce en tanto miembro del SEBC en los términos del artículo 105.1 del Tratado, el Banco de España apoyará la política económica general del Gobierno».
El mandato no puede ser más claro, como no puedo serlo tampoco el hecho de que la crítica de Caruana, basada sólo en un juicio ideológico y en una mera presunción, constituye un evidente ataque que, en lugar de apoyar como es du deber, debilita la política general del Gobierno.
Caruana no ha podido disimular que su actitud se inserta en la estrategia del Partido Popular contra el Gobierno socialista pero, además de eso, sirve para poner una vez más de relieve que las razones que se han apuntado para justificar que los bancos centrales sean independientes son una patraña.
Se ha dicho que deben serlo para que la lucha contra la inflación sea efectiva pero los datos muestra de modo concluyente una evidencia: los países donde la independencia de los bancos centrales ha sido mayor no son los que logran más estabilidad en los precios.
Se afirma también que los bancos deben estar gobernados por autoridades no políticas y ajenas al conflicto de intereses habitual en el escenario parlamentario o del ejecutivo. Pero es también una evidencia que ninguna persona puede dejar en el perchero sus ideas, sus prejuicios, sus valores, sus intereses y preferencias morales, económicas o ideológicas y, que se sepa, los directivos de los bancos centrales son también personas sujetas a las tentaciones, intereses y preferencias que guían el comportamiento de los demás mortales. Los juicios y el comportamiento de Caruana son el mejor argumento en contra de las tesis que él mismo mantiene para defender su independencia. El asunto es bien claro: a la sociedad no le conviene la independencia de los bancos centrales por la sencilla razón de que, como acabamos de ver, quienes los gobiernan no son independendientes. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la independencia de los bancos centrales es «una ilusión».
Se argumenta por otra parte que el gobierno de la política monetaria es un asunto puramente técnico, que no requiere ni debe estar sujeto a criterio político pero también este es un argumento claramente infundado. Algunos han calculado que la subida de los tipos de interés establecida por el Banco Central Europeo tendría un coste de alrededor de 2.000 millones de euros para las familias españolas, lo que significa ni más ni menos que esa cantidad pasa de sus bolsillos a las carteras de los bancos.¿Alguien puede creerse de verdad que esa decisión es una simple cuestión «técnica»? La polémica desatada sobre ella en toda Europa es bien expresiva de sus implicaciones políticas. La propia conducta de Caruana demuestra qué entienden estos liberales por asepsia, apoliticismo y «criterios técnicos». ¿No es muy significativo que el Gobernador del Banco de España haya callado cuando el Partido Popular maquillaba las cuentas públicas para disimular déficits, cuando ha realizado contrarreformas fiscales de efectos claramente perjudiciales para las rentas más bajas y que mermaban los ingresos públicos, cuando ha llevado a cabo privatizaciones que han supuesto un sacrificio enorme de recursos para las arcas públicas, o cuando ha sabido que cajas o entidades bancarias le condonaban deudas y que sólo clame al cielo ahora, cuando un Gobierno se propone realizar una política más social y favorable para las más necesitados? ¿Alguien puede creerse que es solo un técnico?