Publicado en La Opinión de Málaga. 29-02-2004
A la hora de hablar sobre la derecha y la izquierda no conviene recurrir a los viejos tópicos. Las cosas han cambiado mucho. Estoy en gran parte de acuerdo con Anthony Guiddens cuando dice que en nuestra época la derecha se hizo revolucionaria y la izquierda conservadora.
Sin ir más lejos, en España hay una parte de la derecha que es culta, inteligente, moderna, tolerante y afectuosa con quien gusta coincidir y de quien se aprende cuando se disiente. Como hay una parte de la izquierda que es inculta y autoritaria, prepotente y bastante vulgar.
Pero en España pervivió durante siglos una derecha cavernaria que se caracterizó por su noñez, por su desprecio hacia quien le resulta distinto y a quien siempre considera un enemigo a batir, por su primitivismo ideológico y, sobre todo, por un sentido radicalmente patrimonialista de todo aquello que le rodea y que le lleva a considerar lo que tiene como un derecho inalienable que no tiene por qué compartir con nadie.
Desgraciadamente, parece que en los últimos tiempos ha recobrado ímpetu, si es que lo perdió alguna vez, esa derecha vieja que se permite actuar como si el país fuera suyo.
El propio presidente del Gobierno miente y esquiva al Parlamento, y no cumple su palabra impidiendo la investigación parlamentaria de la corrupción; el ministro de defensa le tira un euro a la periodista que le hace preguntas que considera impertinentes o chulea increíblemente a un país vecino; la ministra García Valdecasas califica de asesinos a los políticos de un partido democrático; el candidato a la presidencia de Castilla La Mancha Suaréz Illana llama al Presidente Bono “canalla, chaquetero y mentiroso”; el Presidente de Murcia insulta gratis al de la Generalitat catalana. Hace ahora un año un concejal popular asturiano decía que la culpa de las manifestaciones contra la guerra la tenía la “puta democracia”. Más cerca de nosotros, Teófila Martínez dice a menudo que el Presidente Chaves es un oligarca y un fascista; el Ministro de Hacienda chulea a toda Andalucía cuando le parece a cuenta de la deuda que su propio sectarismo ha generado y Mayor Oreja insulta a los andaluces proclamando un sentimiento de miedo y conflicto civil que para nada existe entre nosotros.
Quizá la expresión más flagrante, si cabe la comparación, de este sentido patrimonial de la acción política acaba de hacerla Mariano Rajoy cuando afirma sin rubor que la economía española corre peligro si los socialistas ganan las elecciones. Estas palabras, o su reacción y la de otros dirigentes populares ante la formación de un gobierno de izquierdas en Cataluña, son muestras evidentes de que cierta derecha en el poder entiende sencillamente que quienes piensan de forma diferente no tienen derecho a desarrollar su proyecto político. Hablan con el mismo lenguaje antidemocrático y fascistoide de Bush cuando dice que los demócratas pondrían en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las declaraciones y los actos de la mayoría de los dirigentes del Partido Popular vuelven a mostrar que la parte más cerril de la derecha española considera que quienes no piensan en los exactos términos de su catón ideológico no son ni siquiera españoles como ellos y que, precisamente por eso, lo que en realidad buscan es hundir el país y destrozarlo. ¿Cuántas veces ha dejado caer Aznar que la izquierda no se alegra, por ejemplo, de los éxitos de España en el exterior, sean cuales sean? Es el viejísimo prejuicio reaccionario según el cual quien no piensa como la derecha española es simplemente un enemigo de España.
No creo que todo ello sea una suma de anécdotas preelectorales. Me temo, por el contrario, que es un claro síntoma de que el Partido Popular está derivando peligrosamente hacia el autoritarismo, un recurso al que tantas veces recurrió la derecha española para no perder sus privilegios.
No en vano, todo lo anterior ha ido acompañado de una indudable limitación de las libertades, de la democracia y de la pluralidad en nuestro país, que muchos observadores imparciales ya han destacado con toda rotundidad. El Consejo de Europa ha denunciado que Televisión Española es un claro ejemplo de manipulación política y no es ni mucho menos casualidad que su director haya sido condenado por su vergonzosa utilización de una televisión pública al servicio del gobierno.
Lo sorprendente, además, es que el renacimiento del tradicionalismo autoritario vaya acompañado en los últimos tiempos de tanta soberbia y prepotencia como triunfalismo.
Si se toman como referencia los datos objetivos resulta que la gestión del gobierno de Aznar es, como se decía de algunas fincas en la época franquista, manifiestamente mejorable. A pesar de que han aumentado los ingresos del Estado la participación de los gastos sociales en el PIB ha bajado, lo que ha hecho aumentar el déficit que España mantiene respecto a Europa en aspectos como la educación, la sanidad, los servicios a las familias, la investigación, la atención a la vejez, las pensiones o la vivienda.
En realidad, lo que este gobierno ha hecho con notabilísima diligencia ha sido repartir la tarta mucho más favorablemente para los ricos y privilegiados. De 1998 a 2003 los precios subieron un 21%, los salarios un 18% y los beneficios (sólo hasta 2002) un 36%. Las reformas fiscales han beneficiado a las rentas más altas y, en contra de la propaganda gubernamental, lo que ha ocurrido es que bajaron solamente los impuestos directos que son los que gravan las rentas con mayor equidad. Hoy día, se gasta menos dinero en becas y hay menos becarios, hemos retrocedido en términos relativos en gasto educativo e investigador mientras que el gobierno dedica cada vez más recursos a los servicios educativos que sólo reciben los más ricos. Ahora, España es el país europeo que más dinero dedica a la enseñanza privada. Y gracias a las privatizaciones han logrado poner en manos de los grupos privados la riqueza que antes era de todos los españoles.
En cualquier caso, esto último incluso quizá sea lo de menos. Cualquier gobierno puede tener una gestión más o menos exitosa o a favor de unos grupos u otro. Pero debe hacerlo democráticamente. El problema es que se está gobernando este país como si fuera una finca de propiedad privada.