¿Estado español o España? Las consecuencias para la izquierda de renunciar a lo común

Ahora que hay campeonato mundial de futbol y a todas horas oigo el nombre de los países que lo disputan, me viene a la cabeza una de las majaderías más grandes que se han cometido en esta etapa democrática: sustituir la expresión "España" por "Estado español". Es cierto que no toda la izquierda española incurre en este uso, pero sí una parte significativa de ella, especialmente la más influenciada por las corrientes nacionalistas periféricas y por determinadas tradiciones políticas surgidas durante la Transición.

No hay que ser un reputado especialista en derecho constitucional o teoría política para saber que hay una clara distinción entre el concepto de Estado y los de nación o país que no se puede olvidar sin consecuencias. El Estado es el aparato institucional, el conjunto de poderes, organismos y normas que articulan la vida colectiva. La nación o el país, en nuestro caso España, es una realidad histórica, cultural, territorial y política sobre la que ese Estado se asienta. La Constitución de 1978 lo dice con toda claridad en su artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española." El artículo 1.1 denomina al sujeto político "España" y define su forma de organización como un "Estado social y democrático de Derecho." Más o menos, aunque con una forma diferente como es lógico, hacía la Constitución de 1931 cuando claramente distinguía entre "España" y "Estado español", según a qué quisiera referirse: "España es una República democrática de trabajadores de toda clase (...) La República constituye un Estado integral (...) España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional (...) El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional".

Cuando una buena parte de la izquierda española sustituye el concepto de "España" por el de "Estado español", hace lo que en ningún otro lugar sensato se hace. Nadie llama a Francia "Estado francés" en lugar de Francia, ni a Alemania "Estado alemán" en lugar de Alemania, salvo en contextos técnico-jurídicos precisos donde la distinción es funcionalmente necesaria. Usar "Estado español" como denominación ordinaria y sustitutiva de "España" no es un refinamiento conceptual, ni obedece a ningún análisis teórico elaborado.

En alguna ocasión se ha tratado de hacer esto último, diciendo que "Estado español" es una expresión más neutra, mientras que "España" tiene carga subjetiva. Pero es un argumento inaceptable. Cuando decimos "España" (como igual ocurre con el nombre de cualquier país) no sólo incluimos a su Estado sino también una cultura, una historia, un pueblo. Decir "Estado español" es caer en un reduccionismo que deja fuera demasiadas cosas fundamentales, se aprecien o no, o se sientan propias o completamente ajenas a quien habla.

Curiosamente, aunque la expresión "Estado español" fue la utilizada oficialmente durante el franquismo, se utilizó después en determinados sectores de la oposición durante la dictadura y, sobre todo, la Transición para no tener que hablar de "España", considerando que se trataba de un concepto que había sido usurpado por la dictadura. Podría discutirse si aquella prevención tuvo sentido en su momento, pero resulta difícil sostenerla medio siglo después.

Tanto es así, que la izquierda española que dice "Estado español" no ha justificado nunca el por qué ese uso es más adecuado. A mi juicio, su uso reciente responde simplemente a una concesión acomplejada a los movimientos independentistas.

Estos últimos dicen "Estado español" y no 'España" para mostrar que no se sienten españoles ni parte de España (lo cual es completamente legítimo y respetable, por cierto). Pero lo hacen de un modo completamente inútil y contradictorio. Es inútil, porque al decir Estado español no niegan a España, sino que simplemente dejan fuera de ella una parte de lo que efectivamente es. Y es un uso contradictorio porque, cuando se refieren a su nación, no dicen, por ejemplo, "Estado catalán" o "Estado vasco" sino Cataluña o País Vasco. Y es lógico, porque son estas últimas denominaciones las que incluyen lo sustantivo, una identidad, un pueblo, una realidad compartida.

No es verdad, por tanto, que decir "Estado español" implique un acto de reconocimiento o respeto a la pluralidad de nuestro país. Lo que hace es reducir su realidad nacional, histórica y cultural más amplia a una mera dimensión institucional. Y la izquierda que se pliega a esa incoherencia independentista y adopta acríticamente su lenguaje termina asumiendo marcos simbólicos ajenos que difícilmente favorecen sus propios objetivos políticos.

Las consecuencias

La sustitución del término "España" por "Estado español" por parte de la izquierda tiene, al menos, cinco graves consecuencias.

La primera es que España no es sólo un concepto jurídico, sino también el marco de referencia que identifica a una mayoría muy amplia de la población, incluyendo a buena parte de los votantes tradicionales de la izquierda que se sienten y denominan españoles sin conflicto alguno, como una expresión natural de lo que son. Y lo que la izquierda que habla de "Estado español" les está diciendo implícitamente es que su identidad es algo de lo que hay que avergonzarse y arrinconar.

La segunda es que, al rehuir sistemáticamente la palabra España, la izquierda ha consentido que la derecha monopolice el sentimiento de pertenencia nacional y el patriotismo. Ha dejado que el PP y Vox se apropien de banderas, himnos e identidad colectiva como si fueran de su exclusivo patrimonio. La realidad, hoy día, es que se asocia el amor a España con la derecha y la indiferencia o el rechazo a ella con la izquierda. Una asociación electoralmente ruinosa y culturalmente falsa, porque la izquierda española ha tenido siempre una tradición de patriotismo republicano y de republicanismo nacional, de defensa de lo común, de orgullo por el patrimonio cultural y por los logros colectivos del pueblo español. Muy al contrario de lo que ha hecho la derecha que ha vendido a España y a nuestra riqueza a otras potencias o empresas siempre que las clases adineradas han podido sacar rédito de ello. La experiencia comparada parece apuntar claramente en esa dirección. En Francia, la izquierda abandonó durante décadas la disputa por la identidad nacional y fue Marine Le Pen quien ocupó ese espacio con su versión xenófoba y excluyente del patriotismo. En Italia ocurrió algo similar, el desinterés de la izquierda por los símbolos y la narrativa nacional dejó el terreno libre a una derecha que lleva años hegemonizando el sentimiento de pertenencia. Parece bastante evidente: cuando la izquierda renuncia a nombrar la nación, no desaparece el sentimiento nacional de los ciudadanos, simplemente lo hereda la derecha.

La tercera consecuencia quizá es más sutil pero no menos real. ¿Qué credibilidad, seguridad o certeza puede tener una izquierda que no se atreve a nombrar el país en el que quiere gobernar? Lo que leen sus votantes potenciales es que la izquierda que hace eso no gobierna desde un proyecto propio sino en función de sus alianzas coyunturales, y que adapta incluso su vocabulario según quién tenga más presión que ejercer en cada momento. Y una fuerza política que no es dueña ni de su propio lenguaje, difícilmente convence a nadie de que vaya a ser dueña de sus decisiones cuando gobierne.

La cuarta es la pérdida de apoyo en aquellos territorios donde en mayor medida radica el voto popular no identitario. Es decir, el que principalmente apoya a la izquierda por razones distributivas, de justicia o memoria histórica. Cuando esa izquierda adopta el lenguaje de los independentistas, no los gana para sí; pierde a quienes la apoyaban por otras razones y que sienten que su identidad es tratada como un naipe que se intercambia, o como una rémora.

La última consecuencia no es la menos importante. Adoptar el término "Estado español" no contribuye a una resolución más inteligente del problema territorial. Por el contrario, lo enmarca en un plano simbólico y lingüístico, justamente donde los independentismos son más fuertes, y abandona el marco material en el que la izquierda podría ser hegemónica: el de las políticas de justicia social y redistribución, el de la federalización real y la solidaridad interterritorial, y el autogobierno democrático dentro de un marco compartido. La izquierda puede discutir qué España quiere construir, pero lo que no puede hacer es renunciar a nombrarla.

En resumen y como conclusión, la izquierda no puede renunciar a la palabra España, no le puede regalar a la derecha la identidad común ni su simbología. Debe recuperarla sin complejos, no como concesión al nacionalismo español de derechas ni identificándose con él, sino como la afirmación expresa de que el proyecto colectivo de transformación social, de igualdad y de democracia al que aspira se refiere a una realidad común que se llama España. Un país de historia contradictoria y no siempre ejemplar, realmente plural y con tensiones no resueltas, ciertamente; pero el país del que se siente parte la inmensa mayoría de la gente con la que se ha de construir ese futuro. Y sin la cual difícilmente podrá llevarse a cabo ningún proyecto transformador.