Mientras que en Alemania los precios subieron en el pasado mes de enero el 0,9 por ciento, una elevadísima magnitud achacable principalmente a la introducción del euro, en España la cifra
oficial registraba una disminución del 0,1 por ciento en el mismo mes.
Semejante registro ha permitido afirmar al Ministro de Economía que la introducción del euro no ha traído consigo incremento de precios.
Una vez más, miembros del Gobierno de Aznar mienten sin pudor alguno a la opinión pública.
Lo ocurrido, sencillamente, es que se ha hecho coincidir la modificación en el cálculo del Índice de Precios al Consumo con el momento que se iba a registrar un mayor alza de precios y,
además, se han ocultado las series históricas que hubieran permitido presentar con rigor a la población lo que de verdad ocurre con ellos.
Los índices de precios al consumo deben actualizar sus bases de cálculo cada cierto tiempo para poder eliminar, por ejemplo, productos que ya están fuera del mercado e incorporar otros nuevos, o bien para modificar los pesos de cada producto que varían como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo. Se justifica, pues, la realización de los cambios, pero no que se realicen de forma que siempre permitan mostrar registros inflacionistas artificialmente bajos y, sobre todo, que no se presenten las necesarias homogeneizaciones.
Si bien es verdad que no se puede hablar, como ocurriera en los buenos tiempos de la dictadura o incluso en los primeros de la democracia, de una manipulación grosera del cálculo del IPC, lo que acaba de ocurrir muestra que los ciudadanos, los sindicatos, y en general quienes sufren la falta de constancia estadística de la variación real de los precios tiene razón cuando quitan credibilidad al índice y a quien lo elabora.
Lo que es cierto es que, procurando siempre reducir al máximo las alzas reales de precios, no sólo se permite camuflar la falta de éxitos de la política económica (de hecho, la inflación interanual en España pasó del 2,7 al 3,1 por ciento, lo que demuestra que el Gobierno no alcanza el principal objetivo de su política), sino que se impide que los asalariados recobren la pérdida de poder adquisitivo que sufren.
Pero lo grave del caso es que este tratamiento de las variables económicas no se reduce al índice de precios, lo que muestra, ya bien a las claras, que los gobiernos utilizan las estadísticas para camuflar los efectos reales de sus políticas y para engañar a los ciudadanos.
Hace también pocas semanas se presentaron las modificaciones que se realizan en la Encuesta de Población Activa que sirve para contabilizar el nivel de empleo y paro existentes. Hasta ahora se considera ocupado a quien en la semana anterior a la encuesta trabajó al menos una hora a cambio de alguna retribución, aunque ésta fuera en especie. De tal forma, el hijo de 17 años de mi vecina, a quien tengo por costumbre encargar el lavado de mi automóvil una vez al mes a cambio de dos entradas de cine para él y para su novia, constará gracias a mi iniciativa como ocupado, a pesar de que no realiza ningún otro tipo de actividad laboral.
A partir de ahora, para que una persona se registre estadísticamente como parado deberá haber ido al menos una vez al mes a la oficina de empleo, pues se entiende que sólo es parado quien busca “activamente” empleo.
De esa manera, y añadiendo algunos cambios más en el cómputo de la población o de los pesos de cada grupo de edad, el gobierno español ha conseguido otro verdadero milagro: aumentar la población activa en 900.000 personas, el empleo en casi 1.200.000 y reducir el paro en 344.000 personas.
El resultado es tan espectacular que permite alcanzar ya el objetivo que el propio gobierno de Aznar se había propuesto conseguir en 2005. También estos cambios se justifican diciendo que responden a directrices europeas, y llevan razón.
En honor a la verdad, el proceso de auténtica tergiversación de los datos estadísticos para ocultar la realidad económica es común a los demás países.
René Passet, por ejemplo, indica en su libro La ilusión neoliberal que el modo de cálculo del paro británico fue modificado treinta y dos veces entre 1979 y 1997 “siempre en la dirección de
reducir la estadística del número de parados”.
Como señala este mismo autor, si se descontasen las llamadas personas privadas de empleo pero que no se computan como parados, la tasa de paro prácticamente se doblaría en los países europeos.
Y eso sin hablar ahora de que el cómputo del empleo se realiza sin atender a que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que se crean son de una calidad ínfima, con sueldos que ni siquiera permiten desaparecer de las estadísticas de pobreza. El mismo R. Passet afirma que al calcular la llamada tasa de empleo no pobre, que no computa como empleados a los asalariados con jornada completa cuyo salario sea inferior a las dos terceras partes del salario medio, se alcanzaría una tasa del 51,7 por ciento para Alemania en el periodo 1990-1996, del 49,6 por ciento en Francia, del 49 por ciento en Estados Unidos y del 48,4 por ciento en el Reino Unido.
Es verdad, pues, que el gobierno de Aznar se suma a la ola dominante en Europa pero no lo es menos que va mucho más allá y que manipula con mucho más ahínco la realidad económica.
Veamos.
A los cambios que acabo de comentar hay que añadir que el gobierno decidió hace tiempo suprimir la elaboración de la Encuesta de Presupuestos Familiares, tal y como se venía realizando, con la excusa de que eso deberían hacerlo las comunidades autónomas. La consecuencia es, nada más y nada menos, que se impide conocer cuál ha sido la evolución de la desigualdad en España durante el mandato del gobierno de Aznar, además de otros datos sobre pautas de consumo y gasto familiar de extraordinario interés.
Pero ni tan siquiera acaba aquí el desaguisado. No sólo deja de hacer encuestas, sino que cuando hace estudios y no le interesan los resultados también los oculta. Así ocurre con el análisis de los efectos de la última reforma fiscal que, a tenor de las filtraciones de las que se dispone, permiten afirmar, por ejemplo, que mientras que los que ganaban más de 20 millones tuvieron un ahorro cercano a los dos millones de pesetas, los que ganaban menos de dos millones sólo ahorraron alrededor de veinte mil por término medio.
Lo malo de este gobierno no es sólo que, como muestran claramente estos últimos datos, beneficie claramente a los sectores sociales de por sí más favorecidos sino que, además, haga trampas.