Inédito
La reciente publicación del primer informe anual del Consejo Económico y Social levantó una siempre saludable polémica sobre la situación de nuestra economía. Lo sorprendente, sin embargo, es que la discusión se centrase en uno de sus aspectos menos relevantes: la situación relativa de Andalucía en cuanto a PIB per capita se refiere respecto a otras regiones.
No es que carezca de importancia el hecho de que Andalucía no mejore en este indicador, sino que de esa forma no se puede percibir con rigor lo que verdaderamente ocurre en nuestra economía. En primer lugar, porque el PIB aumenta tanto cuando se crea riqueza como cuando se destruye; en segundo lugar, porque la convergencia en esta magnitud sólo es significativa a largo plazo y, finalmente, porque el PIB per capita no expresa de ninguna manera lo que es esencial: el grado de bienestar efectivo del que disfrutan o no los ciudadanos. La economía europea ha perdido seis puntos respecto a la de Estados Unidos en la década de los noventa en PIB per capita pero de ahí no puede deducirse que los ciudadanos europeos hayan disfrutado de una situación económica peor que los norteamericanos.
La insistencia en la utilización de este tipo de magnitudes a la hora de elaborar la política económica llevó a escribir y con razón al Premio Nobel de Economía Jan Tinbergen que “se está gobernando la sociedad con una brújula que no funciona”.
Lo relevante es que la polémica sobre la evolución del producto interior bruto per capita casi ha obviado cualquier otra consideración sobre un informe que es especialmente malo por su convencionalismo, por la falta de elementos de análisis imprescindibles para conocer la situación socioeconómica y que, para colmo, introduce de soslayo juicios ideológicos de difícil justificación, como cuando se afirma que es “la iniciativa privada el principal motor de creación de riqueza y empleo en un territorio”. Algo que no sólo es discutible, sino sencillamente falso, salvo que el concepto de riqueza se restrinja de modo absurdo a la que proporciona el mercado para el lucro privado.
¿Cómo puede aceptarse un análisis de una realidad socioeconómica sin hacer referencia a los problemas financieros, a los ingresos y su distribución, a las políticas de bienestar…? De nada de eso se habla en el informe, que se convierte así en una memorable oportunidad perdida para realizar un análisis reflexivo, riguroso y por ello útil desde una institución tan representativa como es el CES.
Sin embargo, el problema que subyace detrás del informe y de la polémica que ha generado es que predomina una concepción de la convergencia económica que es muy irreal y completamente paralizante.
Desgraciadamente, no basta con que el PIB andaluz crezca más, entre otras cosas, porque siempre habrá un territorio más potente u otros más atrasados pero con mayores inercias.
Salvo que se invirtiera completamente la pauta de crecimiento y distribución desigualadora que hoy predomina en todo el mundo, lo que no es muy previsible a medio plazo por más que sea deseable, Andalucía no podrá alcanzar los niveles de potencia económica de los territorios que gozan de ventajas históricas casi insalvables. Un tren no puede adelantar a otro cuando circula detrás y por la misma vía.
Pero eso no quiere decir ni mucho menos que Andalucía deba conformarse con mantener su situación de atraso relativo. Todo lo contrario. Lo que debe deducirse es que Andalucía ha de encontrar un cauce propio de desarrollo que le permita desenvolver sus recursos con una lógica de aprovechamiento endógeno y bienestar, en lugar de tratar de crecer a base de inercias. La paradoja es que Andalucía puede progresar y ser competitiva impulsando tipos de actividad cuyo efecto final ni siquiera se computa aún en el producto interior bruto, pero que serán la base del crecimiento y del bienestar futuro. Y, por el contrario, que si ahora nos limitamos a querer aumentar el PIB, se puede hipotecar la capacidad futura de nuestra economía.
La convergencia económica, pues, no consiste en más de lo mismo, sino que hay que buscarla con singularidad en aquello que signifique mayor desarrollo endógeno y más sostenibilidad y satisfacción humana. Eso requiere que las políticas científicas y de innovación, las educativas, las de bienestar social, las de empleo y vertebración se erijan en el centro operativo de la política económica andaluza. Lo que requiere, lógicamente, que exista ésta última como un proyecto económico global, creíble y concebido para llevarlo a la práctica, en lugar de la mera y muy imperfecta gestión financiera del presente. Y, sobre todo, son necesarias actitudes y aptitudes muy diferentes a las que hoy predominan entre los agentes sociales, desde el primer empresario hasta el último trabajador, porque no puede haber un nuevo modelo económico sin un nuevo tipo de ciudadanía.