El gobierno de Andalucía ha anunciado que elaborará una ley para garantizar la vivienda a todos los ciudadanos con rentas inferiores a 3.100 euros, una propuesta ejemplar, al menos sobre el papel, y que puede venir a romper la tendencia especulativa que domina el mercado inmobiliario español.
Sin embargo, las reacciones que está provocando son verdaderamente significativas y sorprendentes.
Desde la derecha se la descalifica sin mayores argumentos. Los medios a su servicio la consideran un “esperpento”, una “prebenda”, electoralista… aunque no analizan si la propuesta es positiva y realmente necesaria (como lo es), si es viable (como lo es) y si están dispuestos a hacer que salga adelante que se supone que es lo que hay que conseguir si el propósito de la ley (como nadie podría negar) es bueno.
Pero las reacciones más sorprendentes, sin embargo, han venido del seno del gobierno de Rodríguez Zapatero.
El vicepresidente del gobierno español y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha reaccionado sin disimulo declarando que no es «partidario de grandes leyes que den derechos para toda la vida”.
¡Qué casualidad! Dice que no es partidario de derechos para toda la vida ahora que se trata de garantizárselos a los más desfavorecidos. Cuando se han hecho para satisfacer a los ricos no le ha parecido mal.
¿Para cuánto tiempo deben ser entonces los derechos sociales, el del empleo, el de la salud, el de la educación…? ¿sólo para echar un ratito?
Dice el ministro que las leyes orientadas a reconocer estos derechos “hay que aplicarlas luego. Y esto significa restricciones económicas”.
¿Y no implican también restricciones económicas las bajadas de impuestos a los ricos? ¿y no lleva consigo una restricción económica gigantesca el dinero que se gastan los bancos centrales para apoyar a los bancos? ¿y no son más sangrantes las restricciones que sus políticas imponen a las familias e individuos de rentas más bajas? ¿no son mayores las restricciones económicas que lleva consigo el gasto militar, los privilegios de las grandes grupos empresariales y financieros, el derroche de recursos de los poderosos, la destrucción del medio ambiente consentida solo para que haya más beneficios empresariales?
Afortunadamente, otros miembros del gobierno de Zapatero, como la ministra de Vivienda, Carme Chacón, han adoptado una posición distinta a la del liberal Solbes, pero uno se pregunta dónde puede llegar y llevarnos un gobierno que tienen en su seno puntos de vista tan dispares.
Y para no acabar sin mencionar incoherencias hay que referirse al punto de vista expresado por los responsables de Izquierda Unida en Andalucía: el gobierno anuncia una ley tan claramente social como ésta, orientada a garantizar el derecho a la vivienda y, en lugar de apoyarla, se dedican a criticar al presidente que la ha propuesto porque no se puede aprobar sobre la marcha. Lo que tendrían que hacer, en todo caso, es facilitar su aprobación, y no dedicarse a hacer falsa y demagógica oposición.
Así nos va.