Las compañías de telefonía móvil se burlan de la ley

Las compañías de telefonía móvil se burlan de la ley

 Las compañías de telefonía móvil españolas vienen ganando unos 800 millones de euros al año gracias al “redondeo” con el que cobran el primer minuto de conexión, aunque sólo se hable unos pocos segundos. 

 

 La nueva ley establece que ese proceder es claramente contrario al sentido más elemental del comercio: ¿qué pensaríamos si tuviésemos que pagar siempre cuatro botellas aunque en realidad sólo nos lleváramos dos?. 

 

 Pero las compañías han reaccionado incluso antes de que entre en vigor subiendo, por otro lado, las tarifas. Lo reconocen y, además, lo hacen todos en la misma proporción, mientras justifican su actuación diciendo que lo que buscan es el “efecto neutro” de la norma, es decir reconociendo que actúan justo para eludir el efecto que persigue la ley. 
 

 

 Su comportamiento manifiesta una estrategia colusoria claramente contraria a las reglas de competencia que nos dicen que son lo bueno que tienen los mercados. Un comportamiento nada sorpredente, por otra parte, puesto que es habitual que las grandes empresas traten de burlar continuamente la competencia para obtener beneficios extraordinarios. Pero lo que resulta verdaderamente preocupante es que las autoridades no pongan el grito en el cielo y actúen con decisión y coherencia ante una irregularidad tan flagrante.
 
 ¿Para qué se dictan entonces las leyes, si los poderes contra quienes se promulgan pueden esquivarlas sin más?
 
 Lo que nos importa a los consumidores no es que los beneficios de las compañías provengan de un rubro contable u otro (por redondeo o simplemente porque tienen poder de monopolio y suben arbitrariamente los precios) sino que se originen en prácticas comerciales no competitivas o en un poder de mercado desmedido, es decir, que se traduzca en precios abusivos.
 
 Cobrar por algo que no se ha consumido (redondeo) es verdaderamente inaceptable pero tener que soportar precios de monopolio, es decir, establecidos gracias al poder de mercado del que gozan un pequeño grupo de empresas que se ponen en acuerdo para subirlos, tiene exactamente los mismos efectos para el consumidor: una pérdida injustificada de su renta.
 
 En consecuencia, debería ser objeto de un mismo tratamiento.
 
 De hecho, ese tipo de prácticas está prohibido y lo sorprendente es que aún no se haya producido de modo contundente y decidido la actuación administrativa y judicial que los hechos merecen.
 
 O, quizá, nada soprendente porque, en realidad, la falta de respuesta frente a este comportamiento tan evidentemente contrario a las leyes de la competencia parace que es resultado de dos grandes males de nuestro tiempo.
 
 El primero, que las grandes empresas disponen de más poder efectivo que los propios gobiernos y que pueden, por tanto, saltarse las leyes a la torera cuando mejor les conviene. El presente caso, o la vergonzosa forma en que se ha evitado que los directivos del Banco de Santander hagan frente a su manifiesta responsabilidad en el caso de las cesiones de crédito (gracias a que la Abogacía del Estado y la fiscalía renunciaron a considerar que el Estado y la Hacienda Pública habían sido perjudicados, cuando lo contrario era mucho más que evidente) son buena muestra de ello.
 
 En segundo lugar, que con demasiada frecuencia el lado más liberal de los gobiernos que pretenden hacer políticas progresistas se convierte en un verdadero bálsamo para los grandes intereses económicos cuando los ministerios más avanzados socialmente tratan de limitar sus privilegios. Son el alivio para los ricos y la tumba en donde terminan por dormir el sueño de los justo los proyectos de los ministros más comprometidos con los desfavorecidos.
 
 Apostando siempre a favor de los poderosos (normalmente en materia fiscal, o recortando avances en materia de suelo, vivienda, educación y gasto social en general) los ministros liberales de gobiernos progresistas hacen un daño inmenso a los proyectos de cambio social, no sólo porque desnaturalizan la acción del gobierno sino porque al dejar en papel mojado su contrato electoral con los ciudadanos que los llevaron al poder siembran la desconfianza y la frustración de la que a menudo suele brotar el triunfo de la derecha.
 

 

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