Se acaban de hacer públicas las principales conclusiones del último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española. Sin perjuicio de que será necesaria una lectura más detallada me parece oportuno realizar este comentario, siquiera sea a vuela pluma, toda vez que lo anunciado permite generalizar suficientemente la tónica del mismo.
En esta ocasión, el Fondo viene a felicitar y a reconocer el mayor crédito al gobierno de Aznar, tanto por lo que se considera una buena marcha de la economía como por haberla conducido felizmente en el grupo de cabeza del euro. No es de extrañar que esto ocurra si se tiene en cuenta que nuestros gobernantes aplican una disciplina consecuente con las directrices del Fondo y, con independencia de sus declaraciones oficiales, asumen sin reservas su estrategia global. Tampoco sorprende a estas alturas que los economistas del FMI vuelvan a considerar que el simple crecimiento, de suyo moderado, de la tasa de crecimiento del PIB sea el referente principal para considerar que una economía está en el buen camino. Es conocido que no se preocupan por la naturaleza del modelo de crecimiento, por su carácter desigualador, por sus efectos medioambientales o, en suma, por su dimensión cualitativa. Utilizan la abstracción de una simple magnitud nominal para no tener que referirse a los procesos económicos reales que verdaderamente influyen sobre el bienestar humano. En particular, y de una forma muy aguda en nuestro caso, la precarización continua del empleo, la contratación laboral cada vez más sucia e incapaz de proporcionar estabilidad y satisfacción permanente a las personas. Aparentemente, el Informe se preocupa de los costes sociales de la cada vez mayor contratación de tipo temporal, pero no puede ocultar su incoherencia cuando, por ejemplo, propone en otro lugar la liberalización de los horarios comerciales en el supuesto de que así se generaría más empleo a tiempo parcial, especialmente femenino.
Las recetas que se proponen para generar empleo son las mismas de siempre, es decir, las que precisamente han provocado la actual situación de degeneración laboral en las economías: reducir los costes salariales (pues no otra cosa representa la disminución de las cotizaciones sociales), abaratar los costes de despido y acortar la duración de los subsidios de desempleo. No existe evidencia empírica definitiva que pueda considerar que de esta manera se reduce el desempleo (como, por ejemplo, demuestran otros informes de la ya tan denostada OIT) sino que, más bien por el contrario, sabemos que de esa forma se empobrece el mercado de trabajo, aumenta el paro y se precariza el empleo existente. Pero el Fondo continua impertérrito asumiendo lo que bien podría denominarse la tesis cínica, según la cual pareciera que los millones de personas sin trabajo (la mayoría de los cuales no cobran subsidio alguno) no lo tienen porque viven mucho mejor dados al ocio y a la holgazanería.
Insiste también el informe sobre la necesidad de seguir combatiendo el peligro inflacionista, advirtiendo sobre la tentación de la complacencia que podría llevar, según parece, a padecer todos los males en sus expresiones más lamentables. No renuncia, pues, el Fondo a su estrategia deflacionista, a pesar de que el mismo informe advierte de una desaceleración económica en el horizonte inmediato.
Esta vez, sin embargo, el informe parece querer ir mucho más lejos en sus recomendaciones sobre el gasto social. Aunque en la misma línea de siempre, ahora se proclama la urgencia de reducir el gasto público sanitario y las transferencias, a pesar de que España se encuentre aún lejos de los estándares europeos de atención social. Y, junto estas medidas, propone reducir el número de funcionarios (ya puestos, podría proponer disminuir el, gasto militar, pero no), la liberalización del suelo, la privatización de las Cajas de Ahorro y, como no podía ser menos, seguir fortaleciendo el componente privado del sistema de pensiones para que los grandes grupos financieros acaparen aún mucho más del botín que generan los trabajadores en forma de salario diferido.
Se trata, en suma, de una reedición de las recetas a las que nos tiene acostumbrados el Fondo, las que ha logrado que apliquen todos los países en los últimos años y que ha dado lugar a crisis, paro y malestar humano por doquier. Es realmente impresionante que sólo por el hecho de estar investido de poder, de un poder no democrático por cierto, se pueda dar por científico lo que no es sino una serie de consideraciones ideologizadas que no terminan sino por favorecer los intereses de los más poderosos. Basta con analizar las series hitóricas de sus informes para comprobar hasta que vergonzoso punto los economistas que se permiten hablar ex catedra a los gobiernos e imponer sus condiciones letales a las economías no son sino una serie de tecnócratas incapaces de prevenir con acierto, de actuar con anticipación y de poner remedio de antemano a los problemas que ellos mismos se encargan de generar. Causa estupor contemplar a posteriori que los sesudos informes del Fondo Monetario Internacional no constituyen sino una retórica vacía en su expresión formal, un rosario de formulaciones teoréticas que no tienen más sostén que el del pensamiento abstracto e irrealista que se encargan de fomentar (¿bastará traer a colación su ridículo monumental cuando calificaban -por interés, como ocurre siempre- a Mexico como una de las plazas financieras más seguras del mundo, justo pocos meses antes de que sus finanzas estallaran estrepitosamente? Es lamentable comprobar que la institución económica quizá más poderosa del mundo se desentienda por norma del malestar social, de la pobreza, de la desigualdad. O, incluso, del propio deterioro macroeconómico que causan las políticas económicas que propone y que a veces sencillamente obliga a adoptar a los gobiernos soberanos, y que, precisamente por su causa, dejan entonces de serlo.
Como en otras tantas ocasiones, los informes del Fondo no son sino una avanzadilla de lo que luego vendrán a hacer los gobernantes si es que no quieren someterse a la condena o a las condiciones draconianas que él mismo les impone. Se trata de hacer el trabajo intelectual sucio que es imprescindible para que los gobiernos puedan luego justificar medidas antisociales en aras del rigor y del siempre superior y acertado criterio de la tecnocracia.
En realidad, todo ello viene a manifestar una vez más que nuestro mundo no se gobierna democráticamente, que existen instancias de decisión que no obedecen a otra tutela que la que imponen los poderosos que no dan nunca la cara. Tratando de hacer creer que los asuntos económicos se regulan con independencia de todo criterio político se oculta justamente la política menos transparente y más corrupta. Verdaderamente, estos informes no son sino una pura opción política y como tal hay que considerarlos. La tecnocratización oligárquica de la economía no es sino la mera expresión de la política en su sentido más detestable, la que sin tener en cuenta a los seres humanos no asume más moral que la del lucro.