Imaginemos que hace unos pocos años se hubiera reunido a un grupo de quince o veinte personas medianamente informadas -no genios ni especialistas- y se les hubiera pedido una sola cosa: elaborar una lista de los problemas que, en algún momento, podrían afectar a ciudades como Ceuta y Melilla. Me parece que no hace falta mucha imaginación para saber qué podrían haber escrito en esa lista si hubieran tenido en cuenta diferentes situaciones de tensión, como la presión o el chantaje procedentes de Marruecos, de otros países interesados en desestabilizar, o la presencia de mafias. A mí, sin ir más lejos y sin pensarlo mucho, se me ocurren algunos como estos:
- Cierre o apertura selectiva del tránsito comercial y de la aduana para asfixiar económicamente a las dos ciudades en cuestión de días.
- Instrumentalización de menores no acompañados para generar una trampa humanitaria, jurídica y política a la vez.
- Difusión coordinada de bulos de todo tipo en redes sociales, hoy un arma tan eficaz como barata, con el solo motivo de generar incertidumbre, miedo, inseguridad e indefensión o división social.
- Provocaciones en aguas o islotes jurisdiccionales, como ya ocurrió con el de Perejil en 2002.
- Escalada diplomática ligada al Sáhara, con sus reconocimientos, desaires y chantajes.
- Provocación de desórdenes para el aprovechamiento de las redes mafiosas de tráfico de personas.
- Fomentar o facilitar la infiltración yihadista al amparo del caos.
- Y, por supuesto, provocar, organizar, alentar o dejar que se produjese una avalancha de miles de personas civiles pacíficas y desarmadas como la producida el pasado mes de julio, como ya hizo Marruecos con éxito en la Marcha Verde sobre el Sáhara.
En resumen, lo que quiero decir es que una situación como la que se ha vivido en Ceuta no sólo era imaginable, sino claramente previsible. Habría figurado, con casi total seguridad, entre los primeros renglones de cualquiera de esas previsiones. Era un escenario de manual.
Y, sin embargo...
... cuando ese escenario se materializó a finales de julio de 2026, al entrar varias decenas de miles de personas en dos noches, la mayoría a nado o bordeando los espigones, el Estado español apareció desbordado.
Y no por falta de avisos. En los días previos, los sindicatos de la Guardia Civil ya denunciaban que sus agentes estaban completamente desbordados por el incremento de llegadas por vía marítima; la Delegación del Gobierno hablaba de una presión extraordinaria; y en las redes circulaban desde en los días previos llamamientos a concentrarse en la localidad marroquí de Castillejos. Existía, además, un precedente casi idéntico: la crisis de mayo de 2021, cuando Marruecos relajó su control fronterizo tras la acogida en España del líder del Frente Polisario y dejó pasar a miles de personas.
Además, estaba latente un detonante geopolítico. Diez días antes, el presidente del Gobierno había visitado Argel para reabrir una relación deteriorada desde el giro español sobre el Sáhara: un gesto que Rabat difícilmente iba a dejar pasar. Y había un pretexto a mano: una sentencia del Tribunal Supremo, casualmente de comienzos de julio, sobre las devoluciones de quienes accedieran por vía marítima, que en Marruecos enseguida se interpretó como la desactivación del elemento disuasorio de la frontera. Que ese argumento sea o no una coartada es discutible (las organizaciones humanitarias recuerdan que los cruces a nado venían produciéndose desde mucho antes), pero lo relevante es que todos esos ingredientes eran conocidos y estaban sobre la mesa.
El guion, por tanto, estaba escrito y, sin embargo, no se respondió
Las hipótesis y las sospechas
Si todo esto es así, la conclusión es que los servicios de inteligencia, los responsables policiales, los funcionarios del Ministerio del Interior y, en última instancia, el Gobierno español actuaron con una falta de previsión, de diligencia o de eficacia verdaderamente llamativa. Aunque, desde luego, hay que tener en cuenta que "no prever" y "no responder" no son lo mismo y la diferencia que hay entre esas acciones lo cambia todo.
A mí sólo se me ocurren tres posibles hipótesis a manera de explicaciones, las tres muy distintas sin duda.
La más benévola es que no se hubiera previsto lo que ocurrió. Algo que francamente me resulta increíble, pues supondría que un aparato que cuesta miles de millones fue incapaz de anticipar el más previsible de los escenarios. Cuesta creer que quienes dirigen la policía, los servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior sean, sin más, unos ineptos.
Sin embargo, es cierto que no se puede confundir la competencia individual con la solvencia del sistema, porque una organización puede estar llena de profesionales capaces y, aun así, fracasar de forma estructural: por fragmentación de responsabilidades (cuando todos vigilan un trozo y nadie responde del conjunto), por rutinas burocráticas o por incentivos que premian no hacer ruido. La incompetencia, por sí sola, quizá no explica el desastre, pero la disfunción o el mal funcionamiento institucional, sí puede.
Una segunda hipótesis es que en los servicios que debieran haber previsto, avisado y luego actuado haya agentes al servicio de otras potencias, como ocurre en todos los servicios de inteligencia del mundo y que ese doble papel paralizase la advertencia. Pero no parece razonable pensar que eso pueda estar lo suficientemente generalizado ni que baste para explicar lo ocurrido.
Otra cosa es que no se trate de traidores individuales, sino de dependencia estructural. Es decir, que España (como Europa en general) haya construido su política de fronteras sobre un pacto de externalización muy arriesgado, pagando y cooperando con Marruecos para que sea este último quien contenga los flujos. Un pacto que evidentemente tiene una consecuencia perversa, pues quien depende del guardián queda a su merced. Y, sobre todo, un pacto que desincentiva el prepararse bien y abiertamente ante una hipótesis, la hostilidad de Rabat, que contradice el relato oficial de la cooperación perfecta. No hacen falta espías o informantes traidores o comprados para quedar desarmado si una parte ha apostado todo a la buena voluntad de quien tiene la mano en el grifo.
Una tercera posibilidad es que en los organismos españoles y sobre todo en los del ministerio del Interior esté rota la cadena de mando, por decirlo suavemente. Una hipótesis más incómoda que hay que plantear con mesura, pero también sin ingenuidad, pues la historia policial reciente de España no permite descartarla a la ligera.
Hemos conocido las llamadas "cloacas del Estado", la "policía patriótica", el caso Villarejo y a toda una trama de aparatos que actuaron con agenda propia, al margen, o en contra, del poder legítimamente constituido para tratar de acabar con el gobierno que no les gusta. Es raro el día que no tenemos muestras o incluso pruebas fehacientes de ello en ámbitos policiales o de la administración de justicia. Por tanto, no hay que estar paranoico para preguntarse si existen elementos, dentro o alrededor de esos organismos, dispuestos a dejar que un problema estalle, o a explotarlo después, para desgastar a un gobierno que consideran "antiespañol". De hecho, el propio informe policial que vincula la operación con las fuerzas de seguridad marroquíes ha sido ya esgrimido por algunos para demoler la política exterior del Ejecutivo.
En cualquier caso, también habría que tener en cuenta algo fundamental. Una cosa es que un aparato con agenda propia deje correr una crisis, la gestione con desgana o la instrumentalice políticamente una vez ocurrida, algo perfectamente plausible y, en parte, verificable. Y, otra muy distinta, sostener que ese aparato haya provocado activamente una entrada masiva facilitada por un Estado extranjero para tumbar al Gobierno (o, sensu contrario, que haya sido promovido por el propio gobierno, como sostiene la extrema derecha, dando por hecho que esos malos servicios de inteligencia jugarían a su favor).
Ciertamente, está fuera de tono pensar que unos actores internos son capaces de mover a Marruecos a su antojo, cuando Marruecos tiene motivos de sobra (la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, el pulso por el Sáhara, el acercamiento español a Argel) para actuar por su cuenta y en su propio interés.
Es difícil, si no imposible, saber con certeza la causa real del fallo producido. Y, además, el fondo del asunto no es tanto determinar quién tuvo la culpa de que la avalancha se produjese como cabía esperar que actuara un Estado serio antes de que pudiera producirse, o una vez producida si no se puso evitar.
Yo no soy experto en estas cosas, pero el sentido común me dice que un Gobierno sensato, con servicios de inteligencia competentes (que merezcan el nombre), y diligentes, tendría en un cajón varias carpetas, una por cada escenario previsible, con respuestas inmediatas ya ensayadas que señalaran sobre la marcha qué se hace, quién manda, qué medios se movilizan, qué se dice y qué no y todo ello con la máxima urgencia e inmediatez. De esa forma, llegado el caso podría haber actuado con rapidez y eficacia, aunque el problema fuese, como he señalado en un artículo anterior, de los que apenas tienen solución. Que no haya existido esa previsión, o que existiendo no se usara, es lo verdaderamente escandaloso.
Lo que parece que el gobierno no ha hecho
Lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo en Ceuta me lleva a pensar que este gobierno y, en particular, su ministro de Interior tiene pendientes algunas tareas fundamentales para que pueda haber seguridad nacional de verdad y una democracia auténtica que no dependa de una policía ideologizada y al servicio de algún partido en concreto.
La primera, hacer que los servicios de inteligencia cumplan realmente con su única razón de ser: servir al Estado, esto es, al conjunto de la ciudadanía y a sus instituciones democráticas, y no a facciones, partidos o intereses privados. Eso exige control parlamentario real, profesionalización y rendición de cuentas, no permitir la opacidad y los compartimentos estancos e impedir que sus máximas autoridades actúen con parcialidad.
La segunda, planificar en serio los posibles escenarios en un mundo en el que los ataques a la soberanía nacional no se traducen en batallones y docenas de tanques acercándose a las fronteras. Es decir, adelantarse al nuevo tipo de amenazas y acontecimientos de riesgo potencial, ensayarlos y asignar responsabilidades claras, de modo que cuando de nuevo ocurran, porque habrá próxima vez, no se vuelva a improvisar.
Y la tercera, mirar de frente a la raíz del problema. Mientras la política de fronteras siga descansando en la buena voluntad de un vecino con intereses contrarios a los nuestros, seguiremos siendo vulnerables. Reducir esa dependencia, repartir la responsabilidad en el marco europeo y, sobre todo, entender que los flujos migratorios no son catástrofes naturales, sino el resultado de dos procesos complementarios.
Por una parte, las personas que migran se desplazan empujadas por la enorme diferencia de riqueza, seguridad y oportunidades que separa las dos orillas. Un desnivel que no es un fenómeno natural, sino algo que se ha ido fabricando históricamente por el expolio colonial, el intercambio desigual y unas relaciones económicas que todavía hoy empobrecen a los países de origen. Si esto es así, la consecuencia es clara: los flujos no se detienen a golpe de concertina o de fronteras, sino reduciendo el desnivel que los provoca. Poniendo en marcha estrategias del codesarrollo que Sami Naïr lleva años proponiendo. Es decir, cooperando de verdad para que esos países prosperen, en lugar de seguir generando allí la pobreza que empuja a su gente a marcharse.
Y, por otra, los flujos se producen también -y eso tampoco lo podemos olvidar- porque nuestras economías necesitan mano de obra inmigrante. Por tanto, lo que igualmente hay que hacer, mientras tanto, es gobernar y regularlos de forma ordenada, legal y humana, en vez de fingir que se pueden abolir para crear condiciones sólo sirven para facilitar la explotación. Solo así puede gestionarse con inteligencia lo que no tiene solución mágica.
Un país que no es capaz de prever lo previsible, y que además tiene que preguntarse si su propio aparato de seguridad trabaja para él o contra él, sufre un problema mucho más hondo que el de una frontera desbordada. Tiene un problema con las ideas de Estado y de patriotismo auténtico, lo que defendienden a todos sus integrantes sin excepción.
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