Reforma fiscal de ZP que beneficiará a los ricos, a las grandes empresas y a las multinacionales

Reforma fiscal de ZP que beneficiará a los ricos, a las grandes empresas y a las multinacionales

 Attac-España acaba de emitir un comunicado sobre la reforma fiscal del gobierno de Rodríguez Zapatero que conviene conocer. 

 

 Ricos, grandes empresas y multinacionales ganan, la ciudadanía pierde
 

 El Congreso aprueba la “Ley del impuesto de la renta sobre las personas físicas y de modificación parcial de las leyes sobre los impuestos de sociedades, sobre la renta
 de no residentes y sobre el patrimonio” y la “Ley de medidas para la prevención del
 fraude fiscal”
 
 El Congreso de los Diputados aprobó el 2 de Noviembre de 2006 dos leyes de suma
 importancia para la ciudadanía española, dos leyes que son claves en la presente
 legislatura y que regulan, una el régimen fiscal y la otra los mecanismos de
 prevención del fraude fiscal.
 
 La ley que orienta la reforma fiscal pretende incentivar el crecimiento reduciendo
 la presión fiscal muy especialmente sobre las capas altas, esto supone reducir los
 impuestos a las rentas del capital en detrimento de las del trabajo.
 
 a) Consolida la aplicación de un tipo único de un 18% para las rentas del
 capital, que en general es significativamente inferior a la media de las rentas
 del trabajo. A las rentas del trabajo se les seguirá aplicando una escala
 progresiva, lo que no se hará con las del capital.
 b) Reduce el impuesto de sociedades del 35% al 30% para las grandes empresas y a
 un 25 para las medianas y pequeñas.
 c) Reduce el tipo máximo del IRPF del 45% al 43% y de 5 a 4 los tramos impositivos.
 
 Esta ley disminuye la equidad y la progresividad del sistema fiscal (que pague más
 quien más tenga) y refuerza las reformas de gobiernos anteriores, cargando más la
 presión fiscal sobre los trabajadores asalariados y autónomos y los pequeños
 empresarios. Reducirá en 6000 millones de euros anuales la capacidad recaudatoria
 del Estado, significará necesariamente un aumento de los impuestos al consumo y
 mermará los recursos necesarios para financiar los servicios sociales en España y en
 general las políticas públicas de bienestar. Hay que decir que la presión fiscal en
 España está 5 puntos por debajo de la media europea y que también el presupuesto de
 servicios sociales en España está 6 puntos porcentuales por debajo de la media
 europea, en relación al PIB (producto interior bruto) Aun así todo augura que los
 efectos de la ley obligarán a corto plazo a reducir el gasto público del que se
 benefician una mayoría de ciudadanos.
 
 En lo referente a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal hemos de decir que Attac la
 valora positivamente como un intento de perseguirlo en España, que según
 estimaciones solventes, supone alrededor del 23% del PIB de nuestro país. Pero
 quiere señalar, con toda firmeza, que de la actitud de la Agencia Tributaria y del
 propio Ministerio de Economía y Hacienda, no se desprende una voluntad clara de
 acabar con él, con la evasión de capitales y con la economía sumergida. La
 insuficiente dotación de medios técnicos – humanos y materiales- de que los
 servicios de Inspección adolecen, tanto hoy como previsiblemente en el futuro
 próximo – a juzgar por lo que al respecto reflejan losPresupuestos Generales para
 2007- nos hace albergar escasas esperanzas respecto a la erradicación progresiva de
 tan elevado volumen de fraude sea una realidad”.
 
 Así que no es de extrañar que la mitad aproximadamente de los billetes de 500 €
 circulen en España, o que la economía sumergida en España signifique más del 23% del
 PIB, o que prácticamente todas las inmobiliarias acepten sin problemas el dinero
 negro, o que las grandes empresas no puedan ser investigadas por falta de medios
 humanos de inspección, o bien que, a estas horas, todavía el Ministerio de Economía
 y Hacienda no haya hecho una apreciación del monto del fraude fiscal en nuestro
 país.  

 

 Pero no solo investigar el fraude en estas condiciones es imposible, también resulta
 un “brindis al sol” la normativa que trata de regular las medidas de prevención del
 blanqueo de capitales (Ley del 2003 y Reglamento de 2005) En ese sentido el Servicio
 para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), órgano ejecutivo de la
 Comisión de Blanqueo, compuesta por representantes de varios ministerios y que
 depende presupuestariamente del Banco de España, sólo investigó a 14 entidades
 financieras de las 6.500 censadas en España (según valoración del GAFI, Grupo de
 Acción Financiera Internacional). O bien, también valora el GAFI que no hay una
 mínima supervisión de las actividades que desarrollan los despachos de abogados,
 notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos, hasta hace poco
 se dedicaban para todos ellos sólo dos inspectores para toda España, ahora ha
 aumentado a cuatro. El número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas entre
 los años 2001 y 2004 se redujo a la ridícula cifra de 18.
 
 Y son estas profesiones de mucho riesgo y de obligada inspección, ya que sobretodo
 en el caso de notarías e inmobiliarias son sectores sensibles a operaciones
 relacionadas con clientes residentes en Paraísos Fiscales. Y es en este sentido que
 ATTAC pidió al Gobierno Español en 2005 y como medida necesaria para combatir la
 evasión, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal, que formule leyes que impidan que
 sean reconocidas por el ordenamiento jurídico español las sociedades mercantiles y
 entidades financieras registradas en estos Paraísos Fiscales, eso sí sin respuesta
 alguna del Ejecutivo.
 
 EN CONCLUSIÓN:
 
 Attac quiere informar a la ciudadanía que:
 
 La ley que despliega la reforma fiscal es una ley regresiva que significará una
 sociedad más desigual, con menos servicios públicos y menos cohesionada. Que la
 apuesta normativa del Gobierno para prevenir el Fraude Fiscal no será efectiva si no
 existe una mayor voluntad política que se traduzca en promover medios humanos para
 la supervisión fiscal de las grandes empresas, que son las que menos se
 inspeccionan, así como de despachos de abogados, notarías, registradores de la
 propiedad, etc… Tampoco será efectivo mientras el Gobierno no ponga medios para
 controlar la evasión y el fraude fiscal vía Paraísos Fiscales identificados en la
 OCDE.
 
 En general se confirma que son los ciudadanos de a pie los que pagan el grueso de
 los impuestos.
 
 ATTAC-España – 8 de noviembre de 2006 –  www.attac.es  

 

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