Si VOX gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria

El partido de extrema derecha español ha publicado su programa económico cargado de propuestas ultraliberales cuya falta de fundamento y efectos nocivos ya se han puesto de relieve en muchas ocasiones.
Comentaré ahora sólo una de ellas que tendría consecuencias especialmente catastróficas si se llevara cabo: sustituir al actual sistema de pensiones públicas basado en el reparto (es decir, las personas empleadas actualmente financian con parte de sus sueldos la pensión de las ahora jubiladas) por uno basado en la capitalización (cada persona ahorra, se invierte ese ahorro en mercados financieros y al final de la vida activa se recupera lo ahorrado como pensión).

Voy a empezar la crítica por el final. La primera vez que se puso en marcha un cambio de esa naturaleza fue en Chile con la dictadura de Pinochet. Significativamente, el cambio hacia la capitalización se impuso a toda la población trabajadora, menos a los militares y a la policía, cuyas pensiones todavía siguen garantizadas por un sistema de reparto. ¿Por qué fue así, si la capitalización es tan ventajosa?

Las razones están claras. El sistema de reparto es mucho más seguro, más económico y mucho más equitativo. Estas son, expuestas muy breve y claramente.

– El sistema de capitalización tiene aún más riesgos que el de reparto. La financiación de este último puede verse afectada por el envejecimiento y, como sucede ahora, por la baja productividad o gran desigualdad que reduce la masa salarial. Pero se puede financiar, además, por vía de impuestos generales. Sin embargo, el sistema de capitalización puede fallar cuando hay crisis económicas, inflación o mala gestión de sus administradores, circunstancias que son cada vez más frecuentes en el capitalismo de nuestros días. Las personas que optaran por fondos afectados por esas situaciones, perderían sus pensiones o sólo recibirían unas de muy pequeña cuantía.

– El cambio de un sistema a otro es tremendamente costoso por una sencilla razón: durante mucho tiempo, quizá treinta años o más, habría que seguir pagando las pensiones de reparto sin que se estuviran recaudando cotizaciones sociales. Esto costaría tanto que hasta los más fervientes defensores de la capitalización han desistido de proponerlo para llevarlo a la práctica en España. Algunos cálculos estiman que podría costar el equivalente a nuestro PIB actual (1,6 billones de euros) en varias décadas, o quizá más, dependiendo de la velocidad del cambio y de las reformas complementarias que se hicieran. La deuda española y el gasto añadido por intereses se dispararían. En realidad, son inasumibles.

– La mayor parte de los españoles no tendrían pensión al jubilarse o solo tendrían una mucho más reducida que la proporcionada por el sistema actual.

Para disponer de dinero suficiente para la pensión por el método de capitalización hay que ir ahorrando a lo largo de la vida. ¿Y quién puede ahorrar lo suficiente? No es fácil estimarlo, pero veamos un ejemplo.

Una persona de 35 años que hoy día ganase 2.250 euros al mes (prácticamente el sueldo medio en España) tendrían que ahorrar 510 euros mensuales y dedicarlos a un fondo de pensiones para tener una pensión equivalente al 80% de su sueldo desde que tuviera 67 años hasta los 87, sin interrupción. Es decir, un 22,6% de su sueldo. Para obtener una pensión equivalente al 60% de su sueldo actual, este porcentaje debería ser del 17%.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y otras investigaciones, entre el 45 y el 50% de la población española no llega a fin de mes, o tiene grandes dificultades para conseguirlo. Por tanto, de ningún modo podría ahorrar esa cantidad. Teniendo en cuenta que el nivel medio de ahorro de las familias españolas no supera el 15% de su renta, se puede estimar que no más del 25%, como mucho, de nuestra población estaría en condiciones de financiarse un fondo de ahorro privado que le garantice una pensión mínimamente digna. Esa es también la razón por la que las propuestas de recurrir a la capitalización como sistema complementario están condenadas al fracaso porque la mayoría de la población no tiene renta disponible suficiente para ahorrar semejantes cantidades.

Se puede argumentar que podría dedicarse a financiar el ahorro la totalidad de las cotizaciones sociales, pero eso significa que tendrían que añadirse fondos adicionales para cubrir otras prestaciones que cubre la Seguridad Social, si es que se quisieran mantener.

– El sistema de capitalización no es rentable.

En su programa económico, VOX propone que exista un «fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada» y esto es otro de los engaños habituales de quienes defienden este sistema.
El ahorro a través de los fondos privados sólo es rentable para sus administradores y grandes patrimonios y nunca con toda seguridad.

Una investigación independiente ha mostrado que sólo 99 fondos de los 393 con 15 años de historia en 2023 (25,2%) habían tenido una rentabilidad superior a los bonos del Estado, 57 (14,5%) a la del IBEX, y 9 la tuvieron negativa. Para ser más rentables deben invertir en productos inseguros y eso no sólo convierte sus patrimonios en más arriesgados y expuestos a quiebras, sino también en motores de inseguridad y volatilidad que extienden por todo el sistema económico, cuando actúan como canalizadores de la inversión especulativa. Esto último provoca las crisis financieras que destruyen sus patrimonios y producen pérdidas cuantiosas a los ahorradores. A poco que caigan las bolsas o haya crisis, lo que suele ocurrir cada vez con más frecuencia, la rentabilidad de estos fondos se desvanece.

Además, hay otros factores que reducen la rentabilidad de los planes de capitalización: las comisiones que suelen ser altas; los costes de convertir la cantidad ahorrada a una renta vitalicia, en lugar de recuperarla de un golpe; y los impuestos (dejando a un lado, lo injusto que resulta que este tipo de fondos tengas ayudas fiscales).

– La capitalización cubre más costosa o difícilmente, o simplemente no cubre, otros riesgos que sí cubren los sistemas de reparto, como la viudedad, la orfandad y la invalidez.

– El envejecimiento afecta a la solvencia de un sistema de reparto, ciertamente. Pero también al de capitalización: si llega un momento en que las personas jubiladas son muchas, debe haber mucho más ahorro para convertir en líquidos sus activos ahorrados. Pero, si hay menos empleadas que estén ahorrando habría una dificultad semejante para hacer líquidos, en forma de pensión, los fondos acumulados.

La propuesta de privatizar la financiación de las pensiones mediante métodos de capitalización sólo trae consigo menos pensiones, pensiones más bajas para quien pueda financiárselas, riesgo financiero y de crisis económicas y costes extraordinarios para los gobiernos, todo lo cual se traduce en empobrecimiento y aumento de la deuda.

Lo anterior está perfectamente documentado y se sabe a la perfección, pero estamos hablando de un negocio gigantesco para el sector financiero. Este es quien apoya y financia el gran fraude que consiste en hacer creer que el sistema de pensiones públicas basado en el reparto es insostenible a causa del envejecimiento de la población, porque depende sólo de la relación entre el número de cotizantes y de pensionistas. Haciéndolo creer, pueden justificar su privatización para utilizar en su beneficio el gran volumen de dinero que mueven las pensiones.

Si bien es es obvio que el envejecimiento de la población influye en la sostenibilidad, es fácil demostrar y está ampliamente comprobado que depende principalmente del incremento de la productividad, del volumen de masa salarial y de cómo se reparte el valor de lo producido. Y, además, si no fuese suficiente con ello, las pensiones públicas siempre se pueden financiar por impuestos generales, lo cual significa que su sostenibilidad depende de una decisión política y no de circunstancias financieras.

Lo que pone en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas basado en el reparto no es que que haya cada vez más pensionistas en relación con los cotizantes, sino el crecimiento exagerado de las finanzas en perjuicio de la actividad económica real de producción de bienes y servicios, lo que reduce la productividad, y aumenta la precarización del empleo y la desigualdad que disminuyen la masa salarial. Y, además, la negativa de los grandes capitales y patrimonios a sufragar los gastos generales en función de su capacidad de pago y su rechazo de los principios más elementales de equidad y solidaridad.

Los partidos políticos que desean que la totalidad de las personas dispongan de ingresos dignos al dejar de trabajar apoyan el sistema de reparto acompañado de un sistema fiscal justo y progresivo y políticas que combaten el privilegio de las finanzas y la desigualdad. Los que defienden los intereses de la banca y del sistema financiero, defienden con engaños su privatización y los métodos de capitalización porque ponen por delante el beneficio financiero y les da igual que la gente deje de cobrar pensiones o que cobre cantidades miserables.

Como dije al principio, se sabe perfectamente que es así, y por eso el mejor y más seguro sistema de reparto se mantuvo para militares y policías en la dictadura de Pinochet, y todavía está vigente para ellos.

En Estados Unidos han votado a Trump millones de personas que ahora han sido deportadas, van a serlo, están perseguidas, o van a perder su atención sanitaria. En España, cientos de miles de personas con salarios y condiciones de trabajo miserables votarán a un partido como VOX que propone reducir salarios y que acabaría con sus pensiones si gobernase. Al menos, hay que reconocer que la extrema derecha tiene mérito a la hora de engañar a la gente.