Publicado en Público.es el 5 de noviembre de 2021
El anuncio por parte del ministro del ministro Jose Luis Escrivá de una posible subida de las cotizaciones sociales para reforzar la financiación de las pensiones públicas tienen algún aspecto positivo pero presenta algunos riesgos y deja abiertas incertidumbres.
Tener noticias del necesario reforzamiento del sistema a base de medidas puntuales, sin contexto ni suficiente explicación, genera mucha confusión y desconfianza.
Es lo que seguramente va a ocurrir en este caso, sobre todo, a poco que se recuerde que este mismo ministro había dicho el año pasado que no era necesario que las cotizaciones subieran para sanear el sistema.
Cuando se necesita ir contra la corriente, como inevitablemente ocurre en el tema de las pensiones dominado por el relato mentiroso que se ha viene haciendo desde hace casi 30 años, la pedagogía es fundamental. Es decir, aclarar siempre los problemas de fondo y no limitarse a anunciar de pronto medidas parciales.
En este caso, la medida anunciada de forma todavía bastante imprecisa, tiene al menos la virtud de cambiar la perspectiva desde la que se contempla la reforma. Hasta ahora lo habitual ha sido que los gobiernos se hayan dedicado a utilizar el brazo torpe de la política: frente a los evidentes problemas de financiación, recortar el gasto en lugar de procurar que aumenten los ingresos. Más o menos lo mismo que bajar la fiebre del enfermo provocando su muerte.
El punto de partida de cualquier reforma de las pensiones que respete los mandatos de nuestra Constitución debe ser, no solo mantener, sino aumentar su cuantía. Así lo dice expresamente su artículo 50: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Lo que se ha venido haciendo hasta ahora por los que a sí mismos se proclaman constitucionalistas ha sido incumplir reiteradamente ese mandato constitucional.
Las cotizaciones sociales son hasta ahora la principal fuente de ingresos del sistema, así que si se quiere que estos aumenten es inevitable actuar para que aumenten. Pero eso no se puede plantear de cualquier manera.
No es verdad, como dice la patronal y los economistas liberales, que el aumento de las cotizaciones suponga necesariamente una pérdida de empleos.
Es mentira, porque la creación de empleos por parte de las empresas no depende solamente del coste del trabajo sino del volumen de actividad. Por tanto, subir las cotizaciones sociales no tiene por qué suponer destrucción de empleo si esa medida (que evidentemente hace más costoso el uso del factor trabajo) va acompañada de mejoras en el mercado de bienes y servicios, de más ventas e ingresos de las empresas.
Los estudios empíricos que se han hecho en todo el mundo demuestran que las hipótesis que deben cumplirse para que la subida de las cotizaciones sociales destruyan directamente empleo (o al revés, que su bajada lo crease automáticamente) no se cumplen ni en todo momento ni en todos los casos.
Se supone que si suben se sustituye trabajo por capital y que se pierde competitividad. Lo primero, ni es siempre posible ni más rentable para las empresas, y lo segundo tampoco es evidente que ocurra siempre porque, para que fuese así, los cambios en el nivel de cotizaciones tendrían que traducirse siempre en cambios en el precio y no en los márgenes, lo que sabemos que no siempre sucede; y, además, la competitividad tendría que depender exclusivamente de los precios, lo cual tampoco es así.
No se puede negar, en cualquier caso, que cotizaciones sociales más altas dificultan la contratación del empleo más barato. Un hecho que hay que tener en cuenta, aunque se trate de un tipo de empleo que refleja, singularmente en España, un modelo productivo de baja productividad, empobrecedor y (en contra de los que se dice que debiera ocurrir) poco competitivo. Pero lo fundamental es tener presente que su aumento no es el principal impedimento que hay en nuestra economía para crear empleo y que, por tanto, no hay que demonizar su subida.
Otra cosa es que se dé prioridad a la subida en los términos en que al parecer ha planteado el ministro. Es decir, postergando otras medidas imprescindibles para que las cotizaciones contribuyan de mejor forma al saneamiento del sistema. Por ejemplo, la eliminación de topes superiores, para que no solo aumente su capacidad de financiación sino para que el sistema sea más eficiente y equitativo.
Contemplar aisladamente la subida de las cotizaciones sociales y, más aún en los términos planteados por el ministro, no puede ser la panacea para la reforma de las pensiones. Es una medida evidentemente insuficiente para garantizar su financiación y, además, se vuelve contra el propio sistema de protección porque supone una reducción efectiva del salario que tiene un efecto negativo, por pequeña que sea la subida, sobre la demanda global de la que depende que haya más actividad y, por tanto, más empleo y más cotizaciones.
La medida propuesta puede ser una de las que necesariamente haya que tomar pero sin otras aún más necesarias no va a resolver nada y va a crear recelo, desconfianza y más leña para echar al fuego de un debate que, sin planteamientos generales, debilita cada día más al sistema de pensiones públicas.
La cuestión debe plantearse de otra manera. El punto de partida es si se quiere mantener o no el compromiso de solidaridad intergeneracional o si, por el contrario, se prefiere que cada cual se garantice por su cuenta el futuro, si es que puede en función de su capacidad de ahorro, para dejar su pensión al albur de la especulación financiera y las crisis económicas cada vez más recurrentes.
A partir de ahí es de donde hay que tomar medidas. Lo que no se puede es engañar a la gente diciendo que se garantiza el futuro de pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes de las que habla nuestra Constitución, recortando el gasto y haciendo que sean cada día más bajas.
En resumen, subir las cotizaciones no tiene por qué perjudicar al empleo si aumentan la actividad y la productividad general de la economía y es en hacer que esto último ocurra en donde debe centrarse el debate. Aunque, como he dicho, no hay por qué limitarse a subirlas sin modificar su actual definición ni se puede soslayar que hay otras fuentes para financiar el sistema o, al menos, algunas de las pensiones, como las de viudedad, por ejemplo.
Abordar la reforma de las pensiones garantizando simplemente lo que dice nuestra Constitución no es fácil porque la banca y los fondos de inversión más poderosos del mundo vienen luchando desde hace años para que se adopten medidas que debiliten poco a poso al sistema y parezca así que es imprescindible que la gente deposite su ahorro en sus oficinas para asegurarse ingresos en el momento de la jubilación.
Como es lógico, su influencia es grandísima y han logrado que los poderes públicos, las instituciones y organismos internacionales y el mundo académico hayan hecho suyo el relato falso que vienen difundiendo sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas (en mi último libro, Econofakes, dedico precisamente un capítulo para demostrar la falsedad de estos argumentos). Por eso, es un error que un gobierno progresista cuartee el debate para plantear las medidas de reforma a cuenta gotas. No se hace pedagogía y se permite que la gente se siga dejando llevar por el relato falso que ha impuesto la banca.
4 comentarios
Hola. Me gustaría saber su opinión sobre una parte del asunto de las pensiones que pocas veces oigo discutido en detalle. Desde la derecha, se suelen quejar de que no se incentiven los fondos de pensiones privados, y desde la izquierda se acusa a esos fondos de subminar el sistema de pensiones público. O por lo menos, es la sensación que me dan los discursos que oigo en las noticias.
Estuve un par de años trabajando en Irlanda, donde se incentivan los fondos de pensión privados. Lo que hacen es dar al trabajador la opción de invertir en un fondo privado parte de su dinero ANTES de impuestos, poniendo un tope tanto en una cantidad fija (creo que 12k al año) como en un porcentaje del salario bruto, y ese porcentaje aumenta con la edad. Ese dinero no está impositado en el momento, pero se imposita después, cuando el trabajador se jubila y quiere retirar beneficios de ese fondo. En España, no existen este tipo de «ventajas fiscales», al menos que yo sepa.
Lo que me gustaría entender es el razonamiento detrás de esto. Si yo voy poniendo dinero en un fondo de pensiones privado para tener una segunda fuente de ingresos cuando me jubile, ¿en qué daña eso al sistema público de pensiones? Y si ese dinero se impositará igualmente en su momento (se impositará tras haber crecido, si todo va bien), ¿por qué se dice que daña a la economía de lo público?
Por otro lado, ¿hay algo de mérito en algo así como un fondo de pensiones público que funcione igual que los fondos privados? Sé que, por ejemplo, Noruega tiene un fondo de inversión público donde invierte el dinero que sacan del petróleo para repartir luego los beneficios entre los ciudadanos. ¿Podría ser ese modelo una posible solución para hacer más sostenible el sistema de pensiones?
No estoy intentando argumentar una postura a favor ni en contra, simplemente tengo curiosidad por escuchar los argumentos de unos y otros al respecto, ya que con la información que tengo hasta el momento no me veo capacitado para tomar una decisión razonada al respecto.
Muchas gracias por su atención.
Le contesto a sus preguntas:
– Si yo voy poniendo dinero en un fondo de pensiones privado para tener una segunda fuente de ingresos cuando me jubile, ¿en qué daña eso al sistema público de pensiones?
En nada. Si usted tiene sueldo o dinero suficiente para ahorrar en nada influye en el sistema de pensiones público. Salvo, eso sí, que se destine gasto fiscal (de todos) a subsidiar el ahorro de pocos (lógicamente, las personas de mayor ingreso). Ese gasto sería tan poco equitativo o regresivo como el que se dedica a desgravar la inversión en vivienda, por ejemplo.
– ¿hay algo de mérito en algo así como un fondo de pensiones público que funcione igual que los fondos privados?
Las pensiones públicas pueden basarse en un sistema de reparto (la generación actual paga las pensiones de los actualmente jubilados) o de capitalización (si el fondo que se va generando es de gestión y titularidad pública). Hay razones a favor y en contra de ambas pero la decisión sobre cuál establecer es política, no técnica.
– ¿Podría ser ese modelo una posible solución para hacer más sostenible el sistema de pensiones?
Como digo, hay razones a favor y en contra. Mi opinión es que los sistemas de capitalización han sido en la práctica más volátiles e inseguros, además de que yo prefiero un sistema público basado en la solidaridad pero esta última preferencia es evidentemente normativa.
Finalmente, permítame una matización: desde la izquierda no se dice que los fondos privados debiliten a los públicos. No digo que no haya alguien que pueda decirlo pero como criterio general eso no tiene fundamento. Lo que dice la izquierda es otra cosa: se está subfinanciando el sistema público para favorecer los fondos privados que es el gran negocio del sector financiero. No es lo mismo. Como he dicho antes, lo que sí se puede afirmar es que si se dedica gasto público a financiar los fondos privados de una parte pequeña de la población más rica es lógico que se detraen recursos que podrían ir a financiar las pensiones públicas. Pero eso es, como he dicho, algo muy distinto.
Espero haberle contestado.
Pues estás listo si esperas que te responda a tus preguntas. Su incapacidad manifiesta a realizar cualquier tipo de análisis cuantitativo, hace que sólo le quede el dogma a la hora de argumentar. Y por cierto, catedrático a los muy poquitos años de terminar el doctorado…mírale sus publicaciones a ver si sustentan semejante ascenso académico
Un par de cosillas me gustaría decirle. La primera, que ya está contestado, aunque tarde porque me ha sido imposible antes.
La segunda, que señale usted dónde está el dogma que yo defiendo porque suelo repetir muy a menudo que mi labor es provocar la duda, empezando por poner en duda lo que yo afirmo. Yo escribo dando mi opinión y no digo que yo tenga la razón o la verdad. Los argumentos son los que son y pueden convencer o no. Si no le convencen, no tiene usted por quá asumirlos como correctos. Lo cierto, sin embargo, es que usted no da ni un solo argumento. Eso sí que es una evidencia empírica.
Sobre su apreciación de mis escasos méritos no voy a pronunciarme: el envidioso dispara a otros, pero se hiere a sí mismo.
Saludos